Inseguridad: todos llevamos un número de la rifa

Por: Luis Antonio Barrantes Castro
Exdiputado

La seguridad ciudadana fue uno de los temas a los cuales le di prioridad en mi gestión como Diputado de la República en su momento. En aquella época los índices de los delitos en todas sus modalidades habían crecido de forma alarmante, tanto que se llegó a tener una tasa de homicidios de 11 personas por cada 100,000 mil habitantes; lo cual según la Organización Mundial de la Salud lo establece como epidemia para un país. Es así que en el año 2007 propuse, ante el Plenario Legislativo, la creación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que se encargará de analizar y dictaminar proyectos de ley que diera herramientas al Estado Costarricense para enfrentar la inseguridad que vivía el país.
Una vez instaurado la Comisión tuve el honor de presidir dicha Comisión por 3 años.

Para dar inicio al trabajo de la Comisión y con el fin de comprender más del tema y tener mayor criterio se decidió convocar a los diferentes actores del Estado, para que nos expusieran su experiencia y conocimiento; entre ellos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente de la Sala Tercera, Ministro de Seguridad, Fiscal General, Director del Organismo de Investigación Judicial, entre otros. En el transcurso de estas comparecencia muy rápido me que quedó claro que habían dos elementos muy importantes y relevantes. Primero que no había una organización ni institución que defendiera y apoyará a las víctimas, a pesar de que todos hablaban de ellas y que era quien llevaban la carga más pesada de la inseguridad que vivía el país. Y segundo, que las personas, que por voluntad propia tomaban la decisión de hacer del delito una reincidencia, un habito y hasta una profesion, el sistema tenia beneficios que permitía que las penas impuestas por un juez no se cumpliera de forma efectiva y fuesen menores o incluso en ocasiones hasta quedaban impunes y más bien el estado de inmediato le ponía un defensor público.

Era muy triste ver a los familiares de las victimas tener que sufrir un proceso de tanto dolor, perder de un instante a otro a un ser querido, tener que ir a un cementerio a dejarlo, pasar el duro proceso de un juicio donde revivia una y otra vez lo sucedido y ante todo sufriendo una revictimizacion; lo peor: no había una sola institución ni organización que les ayudará y apoyará. Ejemplos sobran, pero dentro de ellos puedo citar a doña Roxana Rojas que perdió su único hijo de 17 años, le quitaron la vida para robarle un simple celular, don Carlos Rojas que también perdió su único hijo de 17 años en manos de personas inescrepulosas o don Carlos Marín que sus dos hijas fueron interceptadas saliendo del trabajo en un Casino, le quitaron la vida a una de ella y la otra le dispararon pudiendo salvar su vida pero con un trauma tremendo que le marco el resto de su vida y a sus familiares. Podría dolorosamente llenar muchas páginas de casos similares.

Gracias al coraje de muchos de los familiares, que lejos de quedarse sólo con el dolor y sufrimiento, se organizaron y formaron una Asociación de Familiares de Víctimas que dieran apoyo a personas que vivían lo mismo y dieran la lucha para visibilizarse y hacer cambios en el sistema que permitiera equilibrar esa brecha que existía entre las víctimas y los victimarios. Dicha Asociación se llamo Asopaz .

Puedo decir, con toda seguridad, que gracias al apoyo de está Asociación y el trabajo de la Comisión se dieron logros enormes. Entre ellos fue la aprobación, en el año 2009, de la Ley 8720 “Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al código procesal penal y al código penal”, la cual nace con el espíritu de proteger los derechos e intereses de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes, que se encuentren en una situación de riesgo; Así como de garantizar la vida, la integridad física y la seguridad de la persona bajo protección, así como de brindar asistencia psicológica, psiquiátrica, social o médica cuando sea necesario a las víctimas de delitos. Con la aprobación de la Ley 8720 también se creo y dio sustento económico a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Publico; institución en la que recae la responsabilidad de darle la atención requerida a las víctimas de delitos y velar por sus derechos. Los recursos económico de la OAPVD proviene de la reforma al Artículo 23, de la Ley del impuesto sobre la del impuesto sobre la renta No.7092, que establece un impuesto del 8% sobre las utilidades de los títulos valores emitidos en moneda extranjera por el Estado y los bancos del Estado, así estipulado en su Artículo 13.

Además, está ley hizo reformas en el código penal y procesal Penal que permitían cerrar los diferentes “portillos” para las personas que habían echo un habito o profesión del delito y se diera un cumplimiento efectivo de la pena. Asimismo, se creo los Tribunales de Flagrancia que permitió hacer procesos judiciales muy expeditos en aquellas personas que se detenían con prueba contundente e infraganti.

En fin se logran cosas muy importante con el trabajo de esa Comisión en busca de lograr mayor seguridad para los habitantes del país.

Sin embargo, el día de hoy, se votó el expediente No. 19935, en segundo debate, en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, denominado “Ley de Justicia Restaurativa”, que a mi humilde entender va en contra de los logros y avances en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Dolorosamente se abre nuevamente la puerta para que las personas que deciden por voluntad propia, hacer del delito un habito o profesión puedan quedar impunes.

Soy consciente que todas las personas tenemos derecho a una segunda oportunidad de corregir nuestros errores y que todos tenemos los derechos humanos que nos protegen y se deben cuidar; sin embargo, el país hoy, al igual que hace más de 10 años, está viviendo un alza en la inseguridad ciudadana, tanto así que el Ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, en días pasados indicó a los medios de comunicación que existe un desprecio total a la vida humana, refiriéndose a la forma atroz como están matando a ciudadanos. Estoy claro que está ley de justicia restaurativa excluye los delitos violentos y que son primerizos, pero lo preocupante es: ¿qué señal se envía a la ciudadanía en momentos donde la violencia y la inseguridad ciudadana crece galopantemente?. No debemos olvidar que personas honradas y trabajadoras como doña Roxana Rojas, Carlos Rojas y Carlos Marín pagaron el precio más alto por está inseguridad reinante en el país, la pérdida de un hijo y que dolorosamente en materia de inseguridad ciudadana todos llevamos un número de la rifa. Dios no lo permita pero cualquiera de nosotros, un familiar o un amigo puede estar en una situación similar.

Dios cuide y proteja este bello país y que mi sentir sea errado con la aprobación de está nueva ley.