Andrés Castro
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ALAJUELA. El trabajo de las nuevas autoridades municipales inició con el propósito conjunto de lograr la aprobación en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley 21.922. Tarea que se cumplió, pero que tuvo sus detractores.
Conversamos con el alcalde alajuelense Humberto Soto, quien sobre el particular manifestó: “Si no nos sacaban de la Regla Fiscal, una municipalidad como Alajuela, en este mes, no podía prestar el servicio de recolección de basura. El presupuesto de las administraciones locales es un 2% comparado con el 98% del Estado”.
La iniciativa presentada por la legisladora sancarleña María José Corrales, contó con el beneplácito de la mayoría de alcaldesas y alcaldes elegidos. Pese a contemplar varios aspectos, el punto crítico recayó en la exclusión municipal de la Regla Fiscal.
“Esta ley no nos da más recursos, nos facilita el trabajo a los alcaldes para poder ayudar a la población afectada. Lo que no se ha entendido es que las municipalidades no dependen del presupuesto nacional. Esa regla regula, limita el gasto en todo lo que tiene que ver con los ingresos y gastos del Estado.
Las municipalidades dependen del tributo que cobran, la regla aplica solo para las transferencias del gobierno central, no tenía sentido porque nos limitaba en temas como servicios”.
Con la ley 21.922 en vigencia, el pasado 11 de junio el Concejo Municipal aprobó un plan que comprende una moratoria de 3 meses, arreglos de pago a dos años y establece medidas para colaborar con la población. Además, en el presupuesto extraordinario del segundo semestre, se aprobaron ₡650 millones para emergencias.
Uno de los entes que en su momento se manifestó en contra del proyecto, fue el Banco Central de Costa Rica (BCCR), pues según su criterio “La propuesta de exceptuar permanentemente a las municipalidades a la aplicación de la regla fiscal es contraria a la lógica y a la estabilidad fiscal».
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