Por: Fabiola Mora Palma
“Es urgente iniciar ese proceso de descentralización que permita a la ciudadanía incorporarse como gestores del desarrollo nacional y como promotores de su propio bienestar”.
Con esa visión, 11 vecinos de San Ramón (el grupo fundador del Foro Occidente) se dieron a la tarea de crear lo que hoy se conoce como: Corredor Vial San José – San Ramón.
Dicho documento explica la figura de fideicomiso, la viabilidad financiera, los organismos emergentes, las ventajas y el proyecto de ley que daría respaldo jurídico a la propuesta de construcción del tramo entre San José y San Ramón, compuesto por las carreteras: General Cañas y Bernardo Soto.
El 20 de noviembre de 2012, fue la primera vez que la comunidad ramonense se organizó como Foro Occidente, y convocó a la ciudadanía a unirse bajo el lema “Carretera sí, Concesión no”, ya que el Gobierno pretendía concesionar a la empresa brasileña OAS la construcción de la vía.
Ante las diversas manifestaciones a lo largo de los primeros meses de 2013, el pasado 22 de abril, Laura Chinchilla, presidenta de la República, dio orden – por cadena nacional – de poner fin al contrato con la concesionaria OAS.
Sin embargo, aunque hasta hoy no se sepa mucho de aquella determinación de Chinchilla, los 11 vecinos ramonenses crearon un documento de 54 páginas que contempla una propuesta ciudadana para la construcción de la carretera.
Establecimiento de un fideicomiso (carretera, tramo, vía, autopista, trayecto)
Bajo la figura del fideicomiso, se propone establecer un contrato entre el Estado costarricense y un banco del Sistema Bancario Nacional, por medio del cual el Estado (fideicomitente) delega a este banco (fiduciario) las pautas económicas a seguir con la carretera.
Un fideicomiso es un contrato que formaliza la voluntad de una persona, llamada fideicomitente (en este caso, el Gobierno) para que los activos o derechos que traspasa al fiduciario (el banco) sean administrados conforme a los fines que establezca el fideicomitente.
El fideicomitente es la persona física o jurídica capaz de disponer de bienes o derechos para que con ellos se pueda cumplir el fin determinado. El fiduciario es el administrador, la persona física o jurídica que recibe los bienes o derechos, constituyéndose en titular de los mismos, para realizar las finalidades que se persiguen con el contrato del fideicomiso (construcción del trayecto).
En este caso, el fideicomiso tendría una vigencia de 30 años con posibilidad de prórroga, dependiendo de los resultados obtenidos en la operación y mantenimiento de la vía.
Al existir un contrato como medida emergente para obtener el financiamiento e iniciar la obra, el fiduciario podrá solicitar un crédito inicial por el valor total del proyecto a través de la banca nacional.
Una vez que culmine la obra, el fiduciario, a efecto de cancelar total o parcialmente el crédito, podrá emitir bonos para ser vendidos a entes financieros nacionales u organismos estatales.
No obstante, el fideicomitente saldará la deuda al fiduciario por medio de lo percibido por el cobro de peajes.
Viabilidad económica del proyecto
La viabilidad económica de la propuesta, tomando en cuenta los 84.057 vehículos que transitan diariamente por el tramo, se basó en la realidad económica nacional en cuanto a la capacidad del costarricense de pagar peajes.
Según el documento Corredor Vial San José – San Ramón, el costo de los peajes no superará los ¢1200 (ida y vuelta) por vehículo liviano, que en comparación con lo propuesto por el Gobierno Chinchilla Miranda, resulta ser menos de la mitad, ante los ¢3800 (ida y vuelta) que los ticos hubiesen pagado.
Por su parte, siguiendo con la propuesta ciudadana, en un total de ida y vuelta los autobuses pagarían ¢2400, los camiones: ¢3000 y los camiones pesados: ¢7600.
Dichas tarifas permanecerían constantes por 19 años, y en el año 20 aumentarían un 50%; es decir, el vehículo liviano pasaría a pagar ¢1800, autobuses: ¢3600, camiones: ¢4500 y camiones pesados: ¢11400.
Gracias a los peajes, la obra – que tiene un costo de $350 millones – se pagaría en los primeros cinco o seis años, dejando una autopista – a los dos años – de cuatro carriles en el trayecto de San Ramón al cruce de Manolos; de Manolos- Aeropuerto Juan Santa María de seis; y del Aeropuerto-San José de ocho carriles.
A dicho costo de inversión, el país se ahorraría $173.7 millones, pues en comparación con lo propuesto por la polémica concesión brasileña, la obra hubiese costado $523.7 millones.
Más allá que saldar la deuda
No obstante, cuando el Estado costarricense salde la deuda, lo percibido por los peajes será utilizado en mantenimiento de la carretera, pero también se invertirá en obras de infraestructura con enfoque social.
En el caso del mantenimiento, cada cinco años se destinaría un 5% de lo invertido inicialmente, es decir, $35 millones.
Por su parte, en obras con enfoque social, a partir del año seis hasta el 12 se destinaría un 1% de los flujos acumulados; del año 13-18 aumentaría a un 2%; y a partir de año 19 en adelante sería un 19%.
Según el documento, al final de los 30 años, se habrá invertido en obras comunales una suma de ¢323.595.564.438. Dichas obras serían en beneficio de los cantones que integran la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma), entre otras ventajas. Ver recuadro
Organismos emergentes
Para lograr llevar a cabo la obra y administrar los fondos acumulados por peajes, la propuesta contempla la creación de una serie de organismos que se vincularían con el proyecto de construcción de diferentes maneras.
Para ejecutar la obra, se necesita una Unidad Ejecutora integrada por profesionales en gestión de proyectos que se encarguen de contratar las empresas constructoras.
Por otra parte, se creará una Unidad de Apoyo integrada por miembros de instituciones como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, entre otras.
Un Comité de Vigilancia velará por el cumplimento de los objetivos del fideicomiso y calidad de la gestión del proyecto. A su vez, una firma supervisora fiscalizará los avances de la obra y su apego a los planos.
Por otro lado, una Unidad de Planificación y Desarrollo Social se encargará de velar por los fondos y ejecución de los proyectos comunales.
Estos organismos financiaran sus costos de operación, mediante un aporte económico del fideicomiso.
Proyecto de ley
Para darle solidez a la propuesta y consolidarla, el proyecto de ley: Ley de Desarrollo de Obra Pública ”Corredor vial San Ramón San José”, invita a los diputados a analizar 12 artículos y a tomar en cuenta 16 consideraciones que son vinculantes para aprobar la ley.
Esta Ley plantea como objetivo central: la “Urgente construcción del corredor vial”, la cual promueve la propuesta como tal y la modificación de artículos de algunas legislaciones vigentes.
Dicha propuesta ya se encuentra dentro de la agenda del Congreso, ya que la moción fue presentada a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa el pasado 21 de agosto.
A su vez, la más reciente pronunciación del poder Ejecutivo fue la del segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, quien dijo: “Estimado señor Brenes: en el Gobierno hemos estado haciendo un trabajo detallado de análisis de la propuesta. La próxima semana tendremos una serie de reuniones (…) esperamos convocarlos”, según publicó en Facebook Paul Brenes, miembro creador de la propuesta.
Por su parte, los miembros fundadores del Foro Occidente y creadores del proyecto, consideran que han cumplido el 50% de su objetivo, pues aún les queda la segunda tarea más importante: lograr la ejecución de la propuesta.
