Violencia entre adolescentes enciende alertas en el sistema educativo
DREO explica acciones tomadas ante estos casos
Karen Rojas | karenperiodicoelsol@gmail.com
OCCIDENTE | Un caso de violencia entre adolescentes vuelve a encender las alertas en el país y en el sistema educativo. La agresión ocurrió en San Juan de San Ramón y evidencia, una vez más, el incremento de hechos violentos que involucran a menores de edad tanto dentro como fuera de los centros educativos.
Según relató Chenna Lobo, madre de la víctima, antes del ataque ya se habían presentado amenazas y conflictos previos con algunos de los involucrados, situación que incluso había sido denunciada ante las autoridades.
“Sí existía un proceso porque se habían dado amenazas por parte de una muchacha y del líder de esta pandilla. Sí había desacuerdos. La niña que originó el asunto había venido aquí a la casa y yo le pedí que no volviera, porque era evidente que la chiquita era difícil”, expresó la madre de la menor.
La agresión quedó registrada en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales por los mismos estudiantes involucrados, jóvenes de entre 14 y 16 años. En el video se observa cómo la adolescente recibe múltiples golpes en el rostro y es arrastrada durante varios minutos. Debido a la gravedad de las lesiones, la estudiante tuvo que ser trasladada al Hospital Carlos Luis Valverde Vega, donde permaneció internada durante seis días.
El ataque ocurrió cerca de la vivienda de la menor y habría sido perpetrado por un grupo de al menos ocho jóvenes, quienes, según la madre, formarían parte de una pandilla vinculada a otros hechos violentos en la zona, incluido un ataque con arma blanca contra otro menor en el parque de San Ramón.
La madre hizo un llamado urgente a las autoridades y a los padres de familia ante el aumento de la violencia juvenil. Además, cuestionó la respuesta institucional y judicial frente a este tipo de situaciones.
“En estas entrevistas he señalado la incapacidad de las instituciones educativas y judiciales para enfrentar esta problemática. Todas las semanas se escucha de casos de jóvenes que agreden a otros jóvenes por situaciones de bullying o violencia”, manifestó doña Chenna.
El hecho ocurrió el jueves 16 de marzo de 2026, a las 6:30 p.m. Según indicó la madre, el caso fue tramitado como una contravención, pese a que ella considera que se trató de un intento de homicidio.
También criticó las sanciones aplicadas por la Dirección Regional, las cuales incluirían rebajos en conducta y suspensiones temporales de 30 días.
Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Occidente (DREO) indicó que tiempo antes del incidente la joven había sido suspendida del Instituto Julio Acosta García y que, posteriormente, fue reincorporada al sistema educativo mediante el programa de educación abierta de la Escuela José Joaquín Salas Pérez.
Según explicó Miguel Sibaja Miranda director de la DREO, al tratarse de una menor de edad se estableció que la madre debía acompañarla al ingreso y recogerla al finalizar las lecciones, condición que, según señaló, no siempre se cumplió. Asimismo, detalló que las autoridades educativas tuvieron conocimiento de una presunta situación de violencia contra la estudiante, por lo que se informó a la madre sobre los procedimientos correspondientes; sin embargo, esta solicitó principalmente que se reforzaran las medidas de seguridad para la menor.
Sibaja agregó que el aparente hecho de violencia habría ocurrido antes de Semana Santa, fuera de las instalaciones del centro educativo y en un día sin lecciones, ya que el programa de educación abierta opera de lunes a miércoles y el incidente se habría registrado un jueves. Además, indicó que no existe certeza sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre si estas pertenecen o no a algún centro educativo.
En relación con la prevención de la violencia en los centros educativos, la Dirección Regional señaló que desde hace más de tres años se implementa un plan de gestión de espacios y ambientes de paz, enmarcado en el programa Convivir. Este contempla estrategias específicas en cada institución para fortalecer la convivencia, promover la resolución pacífica de conflictos y desarrollar actividades que favorezcan la integración entre estudiantes y personal docente.
Desde la DREO también se explicó que, cuando se reporta una situación de este tipo, aunque haya ocurrido fuera del centro educativo, se activa un protocolo institucional que incluye el levantamiento de un acta y la adopción de medidas de protección para la presunta víctima. Entre las acciones que pueden aplicarse se encuentran la reorganización de grupos, ajustes de horarios, acompañamiento personalizado y, cuando la situación lo amerita, la referencia a servicios especializados de atención profesional a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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