Expertos del TEC señalaron que el Expediente 23.414 carece de criterios técnicos de reglamentación y que su eventual aprobación, sin las salvaguardas necesarias, comprometería la seguridad del suministro y elevaría las tarifas para hogares más vulnerables.
Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com
SAN JOSÉ. Aunque el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414) fue retirado de la corriente legislativa, el debate sobre el futuro energético del país se mantiene al rojo vivo.
Desde el Tecnológico de Costa Rica (TEC), dos especialistas de las escuelas de Ingeniería Electrónica y de Ingeniería Electromecánica advirtieron que la reforma, tal como está planteada, transformaría una función técnica en una función política, carecería de criterios claros de reglamentación y pondría en riesgo la estabilidad del suministro y la economía de las familias.
La iniciativa plantea crear el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) y redefinir el rol del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Sin embargo, trasladar la planificación y el despacho a una entidad autónoma sin experiencia genera severas dudas.
El Dr. Gustavo Gómez Ramírez, investigador de la Escuela de Ingeniería Electromecánica, enfatiza que el problema de fondo reside en el diseño de la transición. Según el especialista, la propuesta prioriza la dinámica política sobre la técnica y carece de la reglamentación necesaria para asegurar la operación del sistema. Gómez recalca que, en un esquema con alta penetración de energías renovables variables, el criterio técnico debe imponerse siempre sobre el económico para evitar apagones.
Por su parte, el Lic. Carlos Mauricio Segura Quirós, coordinador del Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad (SESLab) del TEC, señala que despojar al ICE de la gobernanza de la red crearía una «ventana de vulnerabilidad operativa crítica». Segura advierte que el ICE terminaría como un «proveedor pasivo de respaldo», obligado a asumir la operación más costosa y deficitaria para sostener la estabilidad de la red sin tener las herramientas de control.
Esta fragmentación afectaría directamente el bolsillo de los consumidores. Al migrar los grandes clientes industriales al libre mercado, los costos fijos de la red eléctrica recaería sobre los usuarios residenciales y del sector agropecuario, provocando un alza en las tarifas.
Ante este escenario, los especialistas señalan que la solución no es copiar modelos externos, sino fortalecer al ICE dotándolo de flexibilidad administrativa y tecnologías avanzadas de almacenamiento energético (BESS). Asimismo, recordaron que la universidad pública mantendrá su compromiso constitucional de servir como árbitro técnico y faro científico independiente en las decisiones estratégicas de Costa Rica.
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