Ley mordaza

Mariela Solórzano
periodista
msolorzano@elsoldeoccidente.com

A pesar de ya haber sido publicada y firmada por la Presidenta de la República, la Ley de delitos informáticos, sigue causando polémica y preocupación, por lo que de nuevo está en manos del poder legislativo.
Cinco votos a favor y uno en contra, dieron paso a la modificación de uno de sus textos, donde se pretende rebajar las penas de cárcel, que se aplicarían en algunos artículos considerados con penas muy elevadas. Este texto fue presentado por una subcomisión, encabezada por el diputado liberacionista Jorge Angulo.
Ante este voto positivo, el diputado liberacionista, Oscar Alfaro, reaccionó en contra, ya que según comenta el legislador se debe defender la libertad de expresión, de prensa y de información, por lo que se debe aprobar una legislación que no ponga en peligro estos derechos, pero aún así la votación se dio.
Nueva discusión
Ante algunas reacciones, especialmente la de los profesionales en la comunicación, el diputado del PUSC, Luis Fishman, presento un proyecto de ley, en el que pretende garantizar el libre acceso a la información de periodistas y ciudadanos en general, y regular los términos en que pueden emitirse declaratorias de “secretos de Estado”, y eliminar los llamados “secretos políticos”
Este nuevo proyecto de ley está en espera de ser discutido, según comenta el diputado socialcristiano, Luis Fishman, lo que pretende es dejar claro que tipo de información debe de ser llamada secreto de Estado.
“Queremos dejar expresamente señaladas las únicas tres razones por las cuales el Ejecutivo pueda declarar que determinadas informaciones o documentos son “secreto de Estado”, y por lo tanto, no ser del dominio público.”, dijo Fishman.
Este proyecto contempla la posibilidad de que quien recurra a la Sala Constitucional en razón de que el Ejecutivo le niegue información por ser declarada “secreto de Estado”, pueda solicitarla a esa instancia jurisdiccional, la cual verifica si el contenido de la información solicitada se califica como “secreto de Estado”, por lo que según lo que la Sala determine la información será facilitada o no.
“Con esta propuesta resolvemos el diferendo existente, eliminamos la llamada “ley mordaza”, dándole potestades a la Sala Constitucional de resguardar el interés nacional, sin estrujar la libertad de información de los medios de comunicación y la ciudadanía en general”, concluyó Fishman.

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