¿Estado empresario o empresas privadas?

Luis Alonso H. M.

Década de los 70’s e inicio de los 80’s, el estado costarricense era propietarios de grandes empresas del ramo industrial como de servicios, por citar algunas la extinta y desaparecida Fertilizantes de Centroamérica – FERTICA-, con su planta industrial ubicada en Carrizal de Puntarenas, Cementos del Pacífico –CEMPASA- con su planta procesadora que se encuentra en Colorado de Abangares y Aerolíneas de Costa Rica S.A –Lacsa-; hoy día estas empresas fueron adquiridas por capital privado, lo que cerró con la participación del Estado con este tipo de empresas, y pocas aún persisten en nuestros días, como es el caso de la Fábrica Nacional de Licores. En ese mismo panorama, el estado costarricense construyó y dio mantenimiento a las principales carreteras del país, pero ya algunas dificultades iniciaban a surgir en la construcción de infraestructura vial, cuando a finales de los setentas se inicia la construcción de carretera La Costanera que conectaría la zona sur del país y a su vez a la capital, pero esta infraestructura tardó más de 30 años, y fue mediante el modelo de concesión de obra pública, que en la segunda administración de Oscar Arias Sánchez la Carretera Caldera – Cuidad Colón se logra culminar y poner en funcionamiento. En las últimas dos administraciones de gobierno, la tendencia en cuanto al desarrollo u operación de obras de infraestructura tales como muelles, aeropuerto y carreteras se orienta hacia las Concesiones como modelo que permita administrar, operar o desarrollarlas eficientemente, ante un Estado que evita endeudarse, y que mediante un aumento de los impuestos como alternativa de financiamiento, no logra en esta administración todavía, implementar una reforma tributaria. Ante este panorama las manifestaciones de varios grupos de ciudadanos que se oponen a la concesión de la Carretera San Ramón – San José, concluye con el anunció de la Presidencia de la República, en la que suspende el contrato con la empresa OAS la que desarrollaría y administraría el proyecto por treinta años. Esta situación deja a la zona de occidente sin una infraestructura de suma importancia para su desarrollo, ya que para crear zonas de tipo industrial, se requieren de accesos y carreteras en excelente condiciones. El planteamiento sería entonces si volver a un modelo de Estado empresario es lo más adecuado si para ello se requieren más ingresos al fisco y la misma ciudadanía se opone a mayores cargas tributarias, y actualmente persiste un déficit fiscal que no ha sido cerrado en casi dos administraciones consecutivas de gobierno. Es así que el modelo de concesión como la alternativa para el desarrollo de infraestructura, que correría a riesgo de las empresas privadas o también como la hacen actualmente el modelo cooperativo en el desarrollo y explotación de alternativas de electricidad y electrificación en algunas zonas de Costa Rica, podría ser el motor que coadyuve a dinamizar cantones y siendo claramente que la mayoría de las zonas con más pobreza en Costa Riza carecen de vías de acceso en condiciones aceptables, como lo es Turrubares, cantón número 16 de la provincia de San José.
Para concluir, dejo una pregunta que será un tema para analizar en otra ocasión: ¿Si la obras públicas debe pagarlas quién hace un uso y disfruta realmente de ellas o solidariamente todos los habitantes de Costa Rica?