1er Informe Oficial del Estado del Ambiente
Andrés Castro
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SAN JOSÉ. Costa Rica es un país que hace varias décadas tomó la decisión de sustentar su crecimiento de la mano con protección ambiental. No en vano, esa esa fue una decisión que hoy es reconocida a nivel mundial.
No obstante, existen retos que deben enfrentarse en procura de continuar en esa ruta. Así se desprende del 1er Informe Oficial del Estado del Ambiente 2017, presentado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) el 20 de febrero anterior.
“Los hallazgos evidencian dos factores elementales que son necesarios de atender: por un lado, que la desigualdad económica está afectando el uso de los recursos naturales; y por otro, una ineludible obligación de transformar nuestros hábitos y patrones de consumo”, indicó Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro del Minae.
En 1950 la zona urbana del país contaba con 268.286 habitantes, para el 2011 se incrementó a 3.452.158, pasando de un 33,49% de la población total a un 72,87%. En los últimos 30 años se ha vivido un proceso de metropolización en el Valle Central, el área construida se expandió de forma notoria entre el año 1982 y 2013, pasando de unas 15000 hectáreas de área construidas a aproximadamente 32.000 hectáreas de área.
Lo anterior, ha implicado un aumento en la cantidad de permisos de construcción residencial, especialmente en las zonas en donde múltiples estudios han indicado que son zonas de recargas de acuíferos.
“La huella ecológica del costarricense está alcanzado cifras que pueden ser preocupantes, estudios recientes indican que es un 8% más de lo que el territorio puede reponer”, se desprende del reporte.
Algunas de las acciones encaminadas a mitigar estas y otras tendencias son: Programa de Compras Sustentables, ferias verdes u orgánicas, autos eléctricos, ciclovías, restricción vehicular mejoramiento de espacios y parques públicos, sellos o certificaciones: turismo sostenible, carbono neutral, orgánico.
“A pesar de ello, es necesario fortalecer los componentes de educación ambiental en todos los niveles educativos, para modificar las prioridades de consumo y los patrones de producción”.
El reporte se presentó en cumplimento con lo establecido en el mandato de la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, a cargo del Minae y los jerarcas que integran el Consejo Nacional Ambiental.
