¿A usted qué le importa lo que yo haga con mi dinero?

  • Artículo de opinión sobre los débiles criterios emitidos en contra de la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Por: Jorge Castillo Lizano y Pedro Adonay Alfaro

Edición: Andrés Castro

Antes de entrar en el análisis de los criterios emitidos por los Bancos, llama la atención que en sus opiniones no se mencionan las millonarias comisiones que las operadoras perciben por la administración de los recursos del ROP y los que dejarían de percibir si los jubilados retiran la totalidad de los recursos que tienen en sus cuentas personales en ese fondo.

Según los bancos: “el plan afectaría las pensiones de los futuros cotizantes y dañaría el principio de seguridad económica de la población adulta mayor”.

En este caso es importante recordar que el ROP se maneja como una cuenta individual y no como el sistema de pensiones del IVM que es un régimen global de contribución solidaria, en el que tiene especial relevancia la tasa de reemplazo de personas que se pensionan y las que ingresan al régimen. El argumento de la afectación a las pensiones futuras está basado básicamente en que las operadoras deben tener el efectivo disponible para hacer la devolución de los recursos a las personas que se van pensionando y que haría que se perciba un rendimiento menor por no hacer inversiones con esos dineros, sin embargo, los montos a retirar en relación con el monto global que manejan las operadores es relativamente bajo y además se pueden hacer proyecciones anuales de personas a pensionarse y montos a devolver.

Las entidades financieras también argumentan que “Los recursos del ROP buscan complementar la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (de la CCSS) y procurar una mayor independencia económica del jubilado, así como contribuir a mejorar su nivel de vida”, establece el oficio JD-5890/13 del Banco Central.

La idea es muy cuestionable porque los montos percibidos del ROP son muy bajos en relación con el monto de la pensión asignada por la CCSS (régimen IVM), y no afecta en mayor medida la independencia económica del jubilado. Por otro lado, los montos mensuales que las Operadoras le están entregando a los jubilados que no han podido retirar el total del ROP no contribuyen absolutamente en nada a mejorar su nivel de vida.

“Actualmente, si el monto de la pensión complementaria es menor al 10% de la básica, la persona puede retirar el fondo total que haya acumulado. Si el porcentaje es superior, el beneficiario recibe el dinero mensualmente, como una pensión”.

La fórmula que se utiliza para hacer el cálculo para definir si el jubilado puede retirar o no el total del ROP, así como establecer un 10% como límite es totalmente antojadizo, lo cual, aunque no debemos hablar de casos individuales, si me obliga a poner un ejemplo real:

Una se pensionó con un monto de ₡995.000 por el régimen de IVM y la operadora le entregó el total del dinero que tenía en su ROP, el cual ascendía a ₡18.500.000 de colones, sin embargo, a su compañero de trabajo quien se pensionó también con el régimen de IVM con un monto de ₡1.093.000, no le fue posible retirar el total del dinero acumulado en el ROP, el cual asciende ₡20.500.000, asignándosel un retiro mensual de ₡111.000.

Como podemos ver en este caso y todos los casos de los jubilados que no han conseguido retirar los fondos del ROP, no existe ninguna lógica ya que la fórmula está basada más en parámetros económicos que de condición social. Con este ejemplo podemos confirmar la subjetividad del criterio de los bancos, ya que ₡92.000 no le darían beneficio complementario a un jubilado, pero ₡101 000 si se los otorgarían ¿Quién me explica eso?

El BCR manifestó que hay un riesgo importante en permitir a los jubilados retirar todo el monto en una sola vez. Esto es un criterio que, además de ser poco inteligente es ofensivo para los ciudadanos que nos hemos acogido a una pensión o los que pretenden jubilarse, ya que se nos considera incapaces de tomar decisiones. Además, es un comentario sin ningún fundamento.

Para la CCSS: “Esto iría en contra del objetivo de la seguridad social, puesto que rompe el objetivo de equilibrio del primer pilar y colocaría en estado de vulnerabilidad a los familiares que dependieron económicamente del causante y que, ante su fallecimiento, en principio quedaron en desprotección”.

Es importante mencionar en este caso que la población que se ve afectada por esta ley son personas mayores de 62 años, los cuales se acogen a una jubilación, cuyos hijos son ya personas en edad productiva que no dependen económicamente de ellos y que en el caso de los cónyuges siguen siendo personas pensionadas. No se puede descartar que haya personas que pueden fallecer antes de llegar al momento de su jubilación, cuyos recursos le serán entregados a sus beneficiarios. Cabe mencionar que tampoco este proceso ha sido tan ágil como se requiere, afectando también a esos favorecidos.

*En una publicación posterior, complementaremos este artículo con un análisis de la Ley de Protección al Trabajador, # 7983 del 16 de febrero del 2000, publicada en el Alcance # 11 a la Gaceta # 35 del 18 de febrero del 2000, fecha a partir de la cual entró en vigor.

Además, algunos datos antes y después de la aprobación del ROP.

Deja un comentario