El estira y encoje del salvamento de endeudados

Andrés Castro
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SAN JOSÉ. El Gobierno anunció un “plan de salvamento” para personas altamente endeudadas. La iniciativa surgió ante la apremiante necesidad de mejorar los indicadores económicos.

El decreto Ejecutivo pretende que los bancos estatales amorticen deudas de alto calibre, incluidos créditos de consumo, con un interés que no supere la tasa básica pasiva más un margen de 5,5 puntos porcentuales. Adicionalmente, gira instrucciones para que desarrollen campañas o programas de educación financiera.

Pese a la buena intención gubernamental, existen variables que podrían comprometer a las entidades financieras. Diferentes economistas señalaron que a largo plazo podría poner en riesgo los activos bancarios, pues se trata de cartera negativa. Posición reafirmada por la calificadora crediticia Moody’s.

Ante los señalamientos, el Gobierno salió en defensa de su iniciativa. Sobre el particular, Pilar Garrido, jerarca del Mideplan, manifestó: “Implicará una reducción significativa de lo que estas personas pagan mensualmente por concepto de deudas, ya que los créditos se fundirían en uno solo de mayor plazo y a una tasa de interés más baja. Se reduciría la probabilidad que esos deudores caigan en mora”.

Entre las condiciones para acceder a los créditos, se establece que las personas beneficiadas no puedan adquirir nuevas deudas. Además, se impulsan proyectos de ley, para mejorar los controles sobre el nivel de endeudamiento.

Partidos políticos como el PUSC no pasaron por alto el tema. El legislador Pedro Muñoz (PUSC) criticó la propuesta: “No va a la causa del problema, altos precios de combustibles y electricidad (…) se está poniendo una cortina de humo para quedar bien con un grupo de personas que están endeudadas”. 

El superintendente de Entidades Financieras, Bernardo Alfaro, manifestó que los bancos “están llenos de liquidez”. Siendo así, la propuesta del Ejecutivo no compromete recursos públicos.

De momento, el BN, BCR y BP, analizan cómo implementarla. Queda pendiente una segunda propuesta en la que se contemplará ayudas a las personas en la informalidad laboral.

*Foto: Roberto Carlos Sánchez. El presidente Alvarado durante la firma de la directriz (11 de octubre). Lo acompañan representantes de la banca pública.

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