¿Por qué hay oposición al Fraccionamiento Urbano del INVU?

Alcaldesa de Palmares y alcalde alajuelense presentaron recurso de inconstitucionalidad contra el Reglamento de Fraccionamiento Urbano que emitió el INVU.  

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

ALAJUELA. El más reciente duelo entre mandatarios municipales y gobierno central o instituciones nacionales, corre por cuenta del Reglamento de Fraccionamiento Urbano del INVU. 

En acuerdo tomado por la Junta Directiva del INVU en su sesión ordinaria número 6411, Artículo II, inciso 2) celebrada el 24 de octubre 2019 se aprobó la actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. 

La normativa que se publicó en La Gaceta número 216, alcance 252 del 13 de noviembre 2019, reglamento que posterior a una serie de reformas, entró a regir en septiembre 2020. 

Dicha decisión, según alcaldes regionales, conlleva una serie de implicaciones engorrosas para el administrado, entrabando aún más el aparato burocrático, la tramitología administrativa, el costo y la confiscación de bienes inmuebles.

“La normativa dictada por el INVU violenta en todo sentido la autonomía municipal consagrada en la Constitución Política, por lo cual, las once municipalidades afiliadas a FEDOMA representantes del Occidente del país actuamos en aras de proteger los derechos de los ciudadanos”, se desprende de un comunicado de prensa emitido por la federación. 

Las Municipalidades denuncian que el citado reglamento del INVU perjudica a la ciudadanía y aumenta la ineficiencia del Estado. Con la propuesta del INVU, la ciudadanía tendrá inconvenientes y perjuicios tales como:

1) Deterioro de las urbanizaciones `porque permite subdividir lotes en áreas más pequeñas aumentando el hacinamiento de personas. 

2) En medio de la crisis económica que vive el país aumenta la burocracia y los costos en varios trámites sobrecargando y abusando del bolsillo de los costarricenses.

3) Establece más requisitos ante el MAG para el trámite de cambio uso de suelo en zonas residenciales y agrícolas.

4) Más burocracia ante el INVU para temas de fraccionamiento. 

5) Incertidumbre sobre la posibilidad de desarrollo en su terreno mediante fraccionamiento ya que muchos cantones del país no cuentan con delimitación de los cuadrantes urbanos.

6) En caso de requerir visado del INVU, el ciudadano deberá pagar 40,510,13 colones más IVA.

7) Todos los fraccionamientos con fines urbanísticos estarán obligados a realizar cesiones de áreas equipadas al municipio y mejoras a la mitad de la calle si la Municipalidad lo solicita.

Pronunciamiento de Humberto Soto, alcalde de Alajuela y vicepresidente de FEDOMA:  “He presentado este recurso de inconstitucionalidad pues invade las competencias de las municipalidades, es violatorio del orden constitucional, el INVU asume funciones y competencias que no le corresponden y que quieren imponer vía decreto como si un decreto estuviese por encima de la Ley. En materia de Planificación Urbana las funciones y competencias de los gobiernos locales está definida como propia de los municipios lo consagra cada municipalidad. El INVU no puede ejercer una política pública que violenta la ley”, expresó el señor alcalde de Alajuela.

*Fotografía principal: Cámara Costarricense de la Construcción.

Andrés Castro
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Periodista. 6 años de experiencia en radio, prensa escrita y producción de contenido para redes sociales. ☎️Tel: 506 8950 7516 ✉️E-mail: acastro@elsoldeoccidente.com Twitter@castroandres24

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