CTP presenta demanda contra plataformas tecnológicas de transporte

  • Consejo pedirá a Sutel que bloquee el uso de las aplicaciones y a Policía de Tránsito intensificar operativos.
  • DiDi y Uber hacen llamado a convocar el proyecto de ley 21.578 que establecería un marco jurídico para sus operaciones en el país.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) solicitó a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, una demanda formal para lograr el cierre definitivo de las empresas que promueven y brindan de manera no autorizada el servicio de transporte remunerado de personas, mediante apps.

Otro de los puntos acordados por la Junta es solicitarle al Regulador General de los Servicios Públicos que le ordene a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) proceder a bloquear en el país Uber Technologies Inc. (bajo la aplicación “Uber”), In Driver (bajo la aplicación “In Driver”) y Didi Chuxing Technology Co (bajo la aplicación “Didi”).

El director ejecutivo del CTP, Manuel Vega Villalobos, afirma que existe una gran preocupación por el riesgo que corren las personas a la hora de transportarse en un vehículo no autorizado, como por ejemplo el no tener las pólizas que lo cubran en caso de un accidente o incluso, viajar en unidades que no van a una revisión técnica dos veces al año, por lo que se desconoce su condición.

“Efectivamente ha sido reiterada la posición del CTP con respecto a la manera riesgosa en la que se moviliza la ciudadanía en estos vehículos que nos son oficiales, los cuales no sabemos si cuentan con la pólizas y Riteve al día, por ejemplo. Datos que tenemos nos indican que a nivel nacional hay alrededor de unas 50 mil personas se dedican al transporte ilegal, ya sea en automóvil, busetas, microbuses, motocicletas e incluso, algunos autobuses que ya cumplieron su vida útil se utilizan para la piratería, poniendo en riesgo la integridad de todas las personas”, enfatizó Vega.

Al mismo tiempo, mencionó Vega, son 11.400 personas concesionarias de taxi y sus conductores quienes se están viendo afectados desde los últimos 6 años por el incremento de los servicios ilegales.

Los registros de Concesiones y Permisos del CTP indican que entre los años 2000-2015, se devolvieron a la entidad, 17 placas de taxi por año, en promedio. Entre el 2015-2018, 241 placas anualmente y entre el 2018-2020, 343 placas por año. De lo que llevamos de este 2021, ya se registran cerca de 30 placas devueltas.

“Estamos haciendo un llamado vehemente a los dirigentes que representan a las personas que conducen estos vehículos particulares inscritos en las distintas plataformas tecnológicas para brindar este servicio de forma ilegal, que no les ha sido autorizado por este Consejo, de abstenerse de fomentar esta actividad en perjuicio del sector autorizado en esta modalidad,” indicó la representante del sector de taxistas de la Junta Directiva del CTP, Leda MoraMora, quien agregó que se le está solicitando a las autoridades de Policía de Tránsito y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) intensificar sus funciones.

“Le pedimos a Tránsito que intensifiquen los operativos para combatir la prestación ilegal de servicios que brindan vehículos particulares a través de las plataformas tecnológica y este mismo llamado se lo hacemos a la ARESEP, para intensificar las labores de sanción a los diferentes conductores de vehículos privados, que presten este servicio de forma no autorizada”, concluyó Mora.

Uber y DiDi alzan la voz

Tras la solicitud de demanda del CTP, los representantes en el país de Uber y DiDi dieron a conocer su posición. Ambos insisten en el llamado a convocar el proyecto de ley 21.578 que pretende un marco jurídico que brinde seguridad a todas las partes.

La plataforma Uber detalló en un documento escrito que “en Costa Rica necesitamos una regulación innovadora y flexible, que permita reconocer las diferencias entre las plataformas de movilidad colaborativa y otras modalidades. Un modelo de regulación a la costarricense que garantice la sostenibilidad de la industria y permita que miles de personas puedan seguir generando ganancias adicionales mediante las plataformas tecnológicas, sobre todo en momentos como los que vivimos, con cifras alarmantes de desempleo y una crisis económica sin precedentes”.

“Rechazamos en todos sus extremos la solicitud del CTP y lamentamos que ponga en riesgo el sustento de miles de familias que hoy generan ingresos adicionales gracias a estas plataformas tecnológicas”, se lee en el texto enviado por Uber.

En el caso de DiDi, aseguran que esta acción del CTP es “absolutamente improcedente”. Según lo detalló Carolina Murillo, gerente de Comunicaciones Corporativas de DiDi, “desde el punto de vista legal carecen de fundamento, pero también -y más grave aún- desconocen la realidad de miles de individuos y familias, así como las posibilidades que abre el avance tecnológico para la reactivación de la economía”.

“El camino costarricense para la resolución de controversias transita por el diálogo y el consenso para llegar a soluciones que atiendan de forma prudente y moderna, los requerimientos de nuestra sociedad. En DiDi somos activos y propositivos en el diálogo y en la búsqueda de esquemas consensuados para que Costa Rica cuente, finalmente, con una regulación adaptada a los tiempos actuales y a las necesidades de movilidad del país”, concluyó Murillo.

Josué Paniagua
Sobre Josué Paniagua 256 artículos
Licenciado en Producción de Medios graduado de la Universidad Latina de Costa Rica. Se ha especializado en la gestión de prensa mediante la ejecución de estrategias de comunicación para compañías como Nestlé, Scotiabank, Suzuki, Clínica 20/20, LG, entre otras. | FB@josue.paniagua | IG@jspnr | Twitter@jspng | Twitter@jspng | LinkedIn

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