Funcionarios del Poder Judicial en San Ramón, están en desacuerdo con proyecto de Ley de Empleo Público

  • Entrevista con el Lic. Morales juez y secretario general del Sindicato de la Judicatura.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

San Ramón. El Sol conversó con el Lic. Jorge Luis Morales García, juez de Apelación de Sentencia en el Segundo Circuito Judicial de San Ramón, y Secretario General del Sindicato de la Judicatura, dándole la oportunidad de mencionar las razones del desacuerdo de este poder, con el nuevo proyecto y de explicar de qué manera afectaría el funcionamiento de su ejercicio.

¿Por qué el desacuerdo con este proyecto de la nueva ley? “Esta ley ataca el corazón mismo de la democracia costarricense al atentar contra la división de Poderes, dejando en manos de un Ministerio como MIDEPLAN la posibilidad de influir en el nombramiento y lo referente a remuneraciones de otros poderes, particularmente grave en el caso del Poder Judicial que es al que le corresponde juzgar los casos de corrupción del Estado (en cuenta los que se produzcan en el Poder Ejecutivo). Es como dice nuestro pueblo como poner al ratón a cuidar el queso.

Por otra parte, el proyecto tiene una visión fiscalista, o meramente económica de ahorro, sin importarle los servicios públicos, de por sí ya deteriorados, que se presta a través de la Administración Pública.

En algunos aspectos más bien se está engañando a la ciudadanía sobre los objetivos que tiene la ley de uniformar salarios y más bien se van a producir grandes e ilógicas diferencias, por ejemplo, los empleados antiguos quedarán en muchos casos ganando menos que los de nuevo ingreso.

Son muchos aspectos muy complejos que sería necesario detallar bastante, pero en síntesis podemos decir que es un proyecto antidemocrático que va a afectar gravemente los servicios públicos que recibe la ciudadanía en temas como la prestación de servicios de salud, infraestructura, administración de justicia y educación, por citar solo algunos”.

Hace poco más de una semana algunos empleados judiciales se manifestaron en las afueras de los Tribunales de Justicia en San Ramón, justamente para mostrar su desacuerdo y la afectación que tendría el proyecto en el Poder Judicial.

¿Cuántos empleados se manifestaron en San Ramón y cuál era su principal objetivo? “En San Ramón tuvimos un fuerte apoyo del sector profesional Administrador de Justicia, estamos hablando de juezas y jueces de todas las materias y del Organismo de Investigación Judicial, si bien coordinamos el apoyo de algunos empleados administrativos, decidimos que no iba a ser masivo en este sector pues el objetivo era que continuara la atención normal al público.

Nuestro objetivo en esta oportunidad era visibilizar con fuerza un tema que es necesario que sea objeto de reflexión para la ciudadanía, ese es precisamente nuestro objetivo, llamar la atención de la gente, pues sabemos que los medios de comunicación tradicionales, comprometidos ideológicamente con los promotores de estas reformas, han tratado de desprestigiar nuestra protesta como si fuera un reclamo de reivindicaciones laborales, cuando en realidad, lo que estamos enfocando es el grave peligro para la institucionalidad costarricense, a eso es que queremos enfocarnos, que la ciudadanía se preocupe, que lea el proyecto y que reflexione como le puede llegar a afectar”.

¿De ser necesario y si el proyecto avanzará positivamente están dispuestos, desde el poder judicial, a realizar más acciones para manifestar su inconformidad?

“La protesta que ejercimos tuvo un importante y fundamental logro que fue que la Corte Plena se manifestara no sólo en cuanto a que el proyecto afecta la estructura y organización del Poder Judicial, lo que ya de por sí obliga a una votación calificada para su aprobación en la Asamblea Legislativa, requiriéndose por ello 38 votos, sino que además, claramente se expuso por algunos señores y señoras magistrados que con independencia de la votación calificada, el proyecto sería inconstitucional y afectaría normativa internacional, lo que lo hace, desde ese punto de vista inviable”.

Tal y cómo lo menciona el Lic. Morales la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia informó a la Asamblea Legislativa que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público afecta su organización, funcionamiento e independencia; que tiene roces constitucionales y que está en contra de la redacción de la iniciativa.

El informe del magistrado, acogido por el resto de la Corte, señala 10 puntos de objeción, bien explicados por la nota del medio de comunicación Delfino.cr https://delfino.cr/2021/06/corte-plena-responde-a-la-asamblea-que-ley-de-empleo-publico-afecta-su-organizacion-funcionamiento-e-independencia

“De conformidad con la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el criterio negativo de la Corte Plena implicará que el proyecto de ley requiera al menos 38 votos afirmativos para ser aprobado en un segundo debate; si es que los diputados no consultan a la Sala Constitucional si efectivamente el proyecto de ley afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial”, menciona la nota de Delfino.cr

“Somos respetuosos del ordenamiento jurídico y sabemos las limitaciones que nos han sido impuestas en cuanto a la posibilidad de protesta a raíz de la nefasta y cuestionada ley de prohibición de las huelgas, pero esto nos lleva a la necesidad de ser ingeniosos y valorar otras opciones como manifestaciones fuera de horario de trabajo en las residencias de las y los señores diputados y diputadas podrían ser una opción y en esto queremos el apoyo de la ciudadanía”, concluye el juez.

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Periodista y Lic. en Comunicación, con 4 años de experiencia en el ejercicio del periodismo. Contactos: ☎️Móvil: (+506) 8979 3627 ✉️E-mail: acampos@elsoldeoccidente.com Twitter@anyelin94

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