Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com
SAN JOSÉ. Pese a que en nuestro país la importación y distribución de hidrocarburos está en manos de RECOPE, y hacia ellos el descontento social por los precios, dicha responsabilidad corre por cuenta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
A esa institución, la Defensoría de los Habitantes le está solicitando la aplicación del acto final y definitivo de un procedimiento presentado ante el Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda, mediante Amparo de Legalidad.
En el expediente IRM-008-2020 se tramita la nueva “propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”.
En términos sencillos, con la metodología presentada en esa oportunidad por la ARESEP se propone modificar el modelo tarifario para fijar el precio interno de los combustibles, con los datos de costo real o precios efectivos de factura de importación, en lugar de los precios internacionales de referencia como se realiza con la metodología actualmente vigente.
Lo anterior puede traducirse en baja de los precios internos en relación con los obtenidos con la metodología vigente, ya que los precios de factura suelen ser menores a los precios de referencia que utiliza la fórmula actual, producto de las negociaciones que realiza RECOPE.
PRECEDENTE. Mediante comunicado de prensa, la Defensoría indicó que como parte del proceso para aprobar los cambios propuestos, el 23 de noviembre de 2020 la ARESEP realizó la audiencia pública de ley, cita en que la Defensoría presentó su coadyuvancia para que se procediera a la aprobación en el mes siguiente de la nueva metodología tarifaria.
Desde esa fecha, ha pasado más de un año. Al día de hoy, ARESEP no ha dictado el acto final y definitivo para la aprobación de esos cambios metodológicos en beneficio de la población.
“Situación que llevó a la Defensoría a presentar ante el Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda un Amparo de Legalidad contra esa Autoridad Reguladora, el cual, siete meses después, no ha sido resuelto por el Tribunal, hecho que, unido a las omisión de la ARESEP, constituye un quebranto a los derechos e intereses de las personas habitantes del país”, se desprende del documento compartido por el ente defensor.
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