- Guardacostas y Fuerza Pública expulsaron el fin de semana más de 100 personas que se encontraban en playas de Limón y Guanacaste.
- Personas se exponen a multas de más de ₡450 mil y penas de hasta tres años de prisión.
Anyelin Campos acampos@elsoldeoccidente.com
NACIONAL | En años anteriores desde el jueves santo y hasta el domingo de esa semana serían días de gran afluencia de turistas a las playas de nuestro país, sin embargo, este año tendrá que vivir y disfrutar la semana mayor desde la comodidad de su casa, esto por las medidas sanitarias tomadas por el Ministerio de Salud frente a la emergencia mundial con el COVID-19.
Aunque el cierre total de playas se pronunció desde el pasado 24 de marzo, entre el sábado y domingo anterior, el personal del Guardacostas y la Fuerza Pública previno a 127 personas que estaban en las playas o dispuestos a ingresar. Reconoció que todas ellas obedecieron la orden policial de desalojar el lugar y retirarse.
El director general del Servicio Nacional de Guardacostas, comisario Martín Arias, advirtió a la ciudadanía que los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública aplicarán todo el peso de la ley a las personas que desacaten la medida sanitaria de no ingresar a playas nacionales.
Agregó que la disposición se aplicará de igual manera a quienes estén navegando con barcos o lanchas sobrecargadas de pasajeros, y que sean sorprendidos por los guardacostas durante los operativos de revisión de embarcaciones que se realizan durante todo el día.
El comisario también precisó que este martes las autoridades tuvieron que realizar 20 expulsiones de turistas a raíz de patrullajes realizados por diversas playas de Guanacaste, tales como Matapalo, Matapalito, Ocotal, Potrero, El Coco Y Zapotal.
De igual modo, oficiales del Guardacostas de Barra del Pacuare, junto con miembros de la Fuerza Pública de Parismina, desmantelaron un campamento que cuatro personas de Siquirres tenían instalado con hojas de palmera en el sector norte de la bocana del río Parismina.
Consecuencias legales. El asesor legal de la Fuerza Pública, Warner Nájera, explicó que la medida de no ingresar a las playas está relacionada con la disposición de no generar aglomeraciones en sitios públicos.
Nájera agregó que el incumplimiento de esta norma, contenida en la Ley General de Salud, está sancionado con una multa de un salario base, es decir ₡450,200. Sin embargo, si las personas que han sido desalojadas insisten en reingresar, se les podría detener y encausar por el delito de desobediencia a la autoridad, el cual tiene una pena de hasta tres años de prisión.
El director general de la Fuerza Pública, comisario Daniel Calderón, hizo un llamado a la ciudadanía, no solo para que respeten la orden de no ingresar a las playas, sino también de acatar la restricción sanitaria vehicular, así como quedarse en casa, entre otras disposiciones giradas por el Gobierno de la República.
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