El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado fue inaugurado este 14 de octubre.
Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com
ALAJUELA. La presidenta de la República, Laura Fernández, inauguró este 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Ubicado en el complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela, la nueva prisión de máxima seguridad abarca 90.000 metros cuadrados de terreno y 31.000 de construcción, consolidando una de las mayores obras penitenciarias del país.
El megaproyecto requirió una inversión total cercana a los ¢21.000 millones, financiados en un 40% mediante un presupuesto extraordinario aprobado por los diputados el año anterior y el 60% restante gestionado por el Poder Ejecutivo. La gestación del complejo inició durante la administración de Rodrigo Chaves, contando además con la donación de los planos arquitectónicos por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
La infraestructura está compuesta por cinco módulos principales diseñados para operar de forma totalmente autónoma, sumando una capacidad global de 5.100 plazas penitenciarias. Cada sector cuenta con celdas colectivas para 60 internos equipadas con camarotes triples, además de disponer de sus propios puestos de vigilancia, pasarelas, áreas de aseo y patios de sol para evitar el contacto entre bloques.
*Fotografía aérea del área donde se construyó, etapa constructiva.
El CACCO complementa su operación con 20 celdas de aislamiento, centro de revisión, 5 consultorios médicos, 25 celdas para visita íntima y 7 fortines de vigilancia. Asimismo, dispone de un edificio administrativo, puesto de control principal, bodega y zona de desechos, instalaciones diseñadas para albergar a cabecillas del crimen organizado, reos de alta peligrosidad, personas extraditables y privados de libertad con protección especial.
Según el Ministerio de Justicia y Paz, el reglamento interno aplicará las máximas restricciones permitidas por la legislación costarricense para neutralizar las comunicaciones externas de las bandas delictivas. Como detalle operativo, los uniformes anaranjados de uso obligatorio para la población penal fueron confeccionados por reclusas del CAI Buen Pastor, con insumos de la empresa privada y apoyo técnico del INA.
*Fotografías: Casa Presidencial, Ministerio de Justicia y Paz.
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