PALMARES. El pasado martes 3 de diciembre, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Palmares, acordó rechazar el veto que el 22 de noviembre interpuso el alcalde, Bernal Vargas, al Sistema de Estacionómetros.
El órgano político del ayuntamiento, es decir, el Consejo, elevó el caso al Tribunal Contencioso Administrativo, y mientras tanto, decidió conservar la suspensión del parqueo con boleta hasta que dicho tribunal llegue a una resolución.
Argumentos. Dentro de los argumentos para rechazar el veto de Vargas, el Concejo consideró de interés general, la idea de la Comisión de Orden Vial (comisión municipal) de generar un nuevo plan integral de ordenamiento del casco central del cantón.
A su vez, el órgano político se sujetó a lo que establecen artículos del Código Municipal, entre estos, el artículo 4, que dice que: “La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política; y que puede dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio”.
Cuestionamientos. Por otro lado, el presidente del Concejo, Filadelfo Ramírez, cuestionó un volante que giró la Municipalidad palmareña, en el que se aseguraba que el 9 de diciembre entraría a regir nuevamente el cobro por el parqueo.
“El Alcalde, a sabiendas de esto (rechazo del veto), tiró un volante en el pueblo, para confundir al pueblo. Algunos regidores consideran esto una falta de respeto y abuso de autoridad”, indicó tajante el presidente del Concejo.
Por su parte, el alcalde, Vargas, publicó en facebook que, “Aunque la resolución final del tema de los parquímetros quedó en manos del Tribunal Contencioso Administrativo, esta Municipalidad desea abrir un canal de diálogo con todos los grupos interesados a fin de llevar adelante un proyecto de ordenamiento vial donde el interés público esté por encima de los intereses particulares (…)”.
Para Filadelfo, “ese diálogo debió de empezarlo hace seis meses. Él está en una lucha frontal contra nosotros (el Concejo), no muestra interés de colaborar en el orden vial, lo único que quiere es tener las boletas a toda costa”, aseguró Ramírez.
La Procuraduría General de la República (PGR), como órgano superior consultivo, técnico y jurídico de la administración pública, definió la relación entre el alcalde y el concejo municipal en el 2013.
Según la PGR, “La relación Alcalde-Concejo no es de subordinación, sino más bien de una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta indispensable para el cumplimiento del fin endilgado por la Constitución Política al gobierno local –administración de los intereses y servicios locales”.
Sin embargo, lo que la pugna sobre el Sistema de Estacionómetros ha dejado entrever es una lucha campal entre dos poderes municipales, razón por la que Filadelfo se refiera al conflicto como una “lucha frontal”.
Entre tanto, Ramírez aseguró que el cobro de boletas está suspendido, y que el tiempo que se toma el Tribunal Contencioso Administrativo en analizar los argumentos del Alcalde y el Concejo, para así llegar a una resolución, se desconoce.
