Andrés Castro | acastro@elsodeoccidente.com
SAN JOSÉ. En un informe que enciende las alarmas sobre el futuro financiero del servicio de agua en el país, la Defensoría de los Habitantes reveló que la falta de ajustes graduales en las tarifas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) amenazó con provocar un incremento descomunal de hasta un 182% para el año 2023.
El hallazgo forma parte de una investigación emitida este martes 30 de junio de 2026, la cual examinó la gestión del portafolio de inversiones del AyA, la evolución de las tarifas y el impacto del Agua No Contabilizada (ANC) en la sostenibilidad del derecho humano al agua potable y al saneamiento.
De acuerdo con la documentación revisada por el órgano defensor, el devastador aumento potencial del 182% reflejaría las presiones financieras acumuladas debido a un severo rezago en el reconocimiento de costos e inversiones dentro de la estructura tarifaria.
La investigación determinó que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) no reconoce la totalidad de las pérdidas reportadas por el operador, incorporando únicamente una parte de estas dentro del cálculo tarifario.
La investigación de la Defensoría destaca que “al rezago en el reconocimiento de inversiones de infraestructura dentro de las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento. La información analizada señala que desde el año 2019 no se reconocen inversiones de infraestructura a nivel de proyectos en la tarifa de agua potable y que, para el servicio de saneamiento de aguas residuales, esta situación se mantiene desde el año 2018”.
El estudio también expuso una problemática que el AyA arrastra desde hace años en la Gran Área Metropolitana (GAM): los niveles persistentemente elevados de Agua No Contabilizada (ANC). El ANC representa el volumen de agua que se produce y procesa, pero que nunca llega a facturarse debido a fugas, robos, conexiones ilegales o fallas de medición.
Entre 2019 y 2023, las pérdidas de agua oscilaron entre los siguientes niveles:
- 2019: 53% de pérdidas.
- 2022: 58% de pérdidas (el punto más alto).
- 2023: 56% de pérdidas.
En términos prácticos: Entre 53 y 58 de cada 100 litros de agua producidos por el AyA en la GAM se desperdiciaron o no generaron ingresos para la institución.
Ante este escenario, la Defensoría de los Habitantes emitió una serie de recomendaciones directas a la Presidencia de la República, al AyA y al Ministerio de Hacienda.
- Investigación preliminar: Abrir un proceso para determinar las causas de los atrasos en los proyectos de inversión, las inconsistencias en la trazabilidad de las obras y los efectos de la no capitalización de inversiones sobre las finanzas del AyA.
- Cuentas por el programa de pérdidas: Analizar el porqué de la demora en la ejecución del Programa de Recuperación de ANC y cómo esto ha golpeado las tarifas y la calidad del servicio.
- Intervención de Hacienda: Solicitar al Ministerio de Hacienda que actualice de forma inmediata la valoración de la capacidad de pago futura del AyA, ya que el último estudio disponible data del año 2019.
Con estas acciones, la Defensoría busca forzar una rendición de cuentas institucional que frene el deterioro del AyA y garantice la sostenibilidad de un recurso vital sin que el costo de la ineficiencia sea trasladado a los bolsillos de los costarricenses.
¿Qué dice el AyA? El lunes anterior, la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, se refirió a los hallazgos del ente defensor en materia de rezagos en proyectos de inversión, y que también resultan vinculantes al nuevo llamado de atención.
“Efectivamente, el informe que saca la Defensoría, señala temas importantísimos, lo que viene a demostrar que desde años pasados hasta el año 2022, no había trabajado de forma correcta ni de forma transparente, ni de forma acelerada. Tampoco tenían una línea clara de qué proyectos trabajar.
Efectivamente, antes del año 2022 no existía tan siquiera una intención de arreglar el AyA como institución pública, entonces pues más bien la Defensoría, enhorabuena hace este informe y saca relucir lo que ya muchos sabemos que es que el rezago que existen infraestructura de agua potable saneamiento es grande y es debido a la ineficiencia de los administraciones pasadas”, destacó Sáurez.
La funcionaria agregó que “A partir del año 2022 se empieza a trabajar de forma responsable a poder entender y organizar cómo se trabaja el interno de la institución del resultado de esto es que en el 2024, se establece un portafolio de proyectos empiezan a acelerar y se empiezan a ejecutar muchos recursos económicos que estaban pues varados”.
*Imagen principal: ilustrativa, generada con IA.
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