SAN JOSÉ | A pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles y del Estado por garantizar los derechos de las poblaciones vulnerables, un seminario organizado por la Defensoría de los Habitantes, reveló un panorama alarmante sobre la situación de estos grupos en el ámbito municipal.
Las Oficinas de la Mujer, ente clave para atender las necesidades específicas de las mujeres a nivel local, se encuentran en crisis. Según Ana Patricia Rodríguez, de la Red de Mujeres Municipalistas, estas oficinas carecen de los recursos necesarios para cumplir su función, falta de personal capacitado y una sobrecarga de tareas ajenas a su objetivo principal.
«Es lamentable ver cómo estas oficinas, que deberían ser un pilar en la lucha por la igualdad de género, están siendo desmanteladas poco a poco. La situación es tan grave que pone en riesgo los avances logrados en materia de derechos de las mujeres», afirmó Rodriguez.
Laura Hall, activista afrodescendiente, denunció la falta de datos estadísticos sobre la presencia de su comunidad en los diferentes cantones, lo que dificulta la implementación de políticas públicas dirigidas a sus necesidades específicas: “Somos invisibles para las autoridades locales (…) No se nos toma en cuenta en la toma de decisiones, lo que perpetúa la desigualdad y la discriminación».
Margarita Salas Guzmán, activista LGTBIQ+, señaló que los gobiernos locales tienen el poder de transformar la realidad de su comunidad, pero carecen de la voluntad política para hacerlo. «La violencia y la discriminación hacia las personas LGTBIQ+ son una realidad en muchos cantones, y las municipalidades no están haciendo lo suficiente para combatirla».
Estas y otras conclusiones, se recopilaron durante un seminario organizado por la Defensoría, a finales del 2024. La conclusión macro del evento, es que los gobiernos locales deben tomar medidas concretas y certeras para garantizar los derechos de todas las personas.
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