Andrés Castro | acastro@elsodeoccidente.com
SAN JOSÉ. “Enfrentar con firmeza la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, con ese propósito, la presidenta de la República, Laura Fernández, presentó la mañana de este lunes un paquete de 6 proyectos ante la Asamblea Legislativa.
“Este Gobierno está del lado de las víctimas, de las familias honestas y de los policías que todos los días arriesgan su vida por Costa Rica. No vamos a seguir tolerando una puerta giratoria que devuelve delincuentes a las calles”, afirmó Fernández. Las iniciativas incluyen:
1. Ley de mano dura contra la reincidencia delictiva. Busca subsanar un vacío normativo de 34 años originado tras el voto 796-92 de la Sala Constitucional. El objetivo de frenar la criminalidad y la denominada «puerta giratoria» de los penales. La propuesta reestructura los conceptos de reincidencia simple, habitualidad y profesionalidad delictiva en el Código Penal, fijando plazos objetivos de caducidad de antecedentes de entre cinco y quince años según la gravedad del delito anterior.
2. Ley para Sancionar e Inhabilitar las Pistas de Aterrizaje Clandestinas y no Autorizadas y Permitir el Comiso de Bienes Vinculados a Actividades Ilícitas. La propuesta amplía la potestad del Estado para declarar la ilegalidad no solo de campos aéreos sin aval de la Dirección General de Aviación Civil, sino de aquellos autorizados que muestren indicios de criminalidad, permitiendo además el aseguramiento, decomiso y comiso definitivo a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) de toda la maquinaria, vehículos y aeronaves utilizados en estas infraestructuras.
Además, contempla que las fincas afectadas no sean traspasadas mientras subsista el riesgo, y endurece de forma severa las penas de prisión (fijando rangos de 5 a 10 años para propietarios o administradores que faciliten o toleren estas pistas, y de 10 a 15 años en casos de reincidencia o reconstrucción de campos previamente destruidos por las autoridades).
3. Ley de cero ocio en las cárceles. Propone transformar el sistema penitenciario costarricense mediante un modelo de «Gestión Socioproductiva» que obligue a la población reclusa elegible a realizar actividades formativas y productivas en alianza con sectores públicos y privados.
Los privados de libertad percibirán un subsidio financiado por la facturación de su mano de obra que se retribuirá en un 35% para su propia manutención, un 35% para la indemnización de las víctimas, un 20% de apoyo familiar y un 10% de ahorro personal, quedando exceptuadas las poblaciones vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
4. Ley para Combatir las Asociaciones Criminales. La propuesta sustituye la figura de la «asociación ilícita» por el concepto de «asociaciones criminales», definiéndolas como grupos de dos o más personas que se estructuran de forma concertada con distribución de funciones para delinquir.
Mantiene la sanción base de uno a seis años de cárcel por la sola pertenencia al grupo, pero introduce un amplio abanico de agravantes con penas de 6 a 10 años para casos que involucren el reclutamiento de menores, la coacción a poblaciones vulnerables, el uso de tecnología para eludir rastreos y la participación de funcionarios públicos. Asimismo, eleva drásticamente el castigo a un rango de 8 a 20 años de prisión para quienes promuevan, constituyan, coordinen o dirijan estas agrupaciones, o cuando el fin de las mismas sea el narcotráfico y el terrorismo.
5. Ley Gerson Rosales: Protección integral a la víctima y al servidor policial. Inspirada en el homicidio de un oficial de la Fuerza Pública perpetrado por sicarios en mayo de 2026. Entre sus medidas principales, el proyecto amplía los supuestos de la legítima defensa para la ciudadanía y establece una presunción legal de racionalidad en el uso de la fuerza para los servidores policiales y agentes de seguridad privada.
Asimismo, endurece los requisitos para acceder al arresto domiciliario con monitoreo electrónico y a la libertad condicional, prohibiendo estos beneficios a quienes agredan o muestren resistencia activa al ser detenidos.
Finalmente, el articulado extiende de seis a doce horas la facultad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para interrogar a personas detenidas, tipifica las amenazas dirigidas a los cuerpos policiales y endurece sustancialmente las penas privativas de libertad —fijando condenas de hasta quince años— para quien emplee armamento permitido o prohibido en contra de los oficiales del orden público.
6. Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales. La iniciativa busca reformar el artículo 11 de la Ley N.o 6723 para corregir las deficiencias denunciadas por el Poder Judicial y el informe Estado de la Justicia 2025, los cuales evidenciaron cómo las reformas previas —Leyes 9361 y 10453— crearon un «portillo» legal que permitía borrar historiales delictivos en plazos cortos.
Para solucionar esta vulnerabilidad sin afectar el acceso al empleo, la nueva ley establece una estructura dual de almacenamiento: por un lado, fija plazos permanentes e históricos para los asientos registrales bajo un acceso estrictamente restringido y confidencial. Pero además, mantiene un plazo de quince años tras el cumplimiento de la condena para cancelar formalmente dichos antecedentes únicamente en las certificaciones destinadas a fines laborales.
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