Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com
SAN JOSÉ. En un esfuerzo conjunto para hacer frente a la escalada del crimen organizado, el narcotráfico y la impunidad, la Casa Presidencial fue el escenario de una reunión clave de alto nivel, el lunes 18 de mayo.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, encabezó este lunes una «mesa de trabajo» estratégica junto a los máximos jerarcas del Poder Judicial, con el firme objetivo de coordinar reformas urgentes en el sistema de seguridad pública y la administración de justicia costarricense.
Al encuentro, calificado por el poder Ejecutivo como el inicio de una «gran cruzada nacional», asistieron las principales autoridades judiciales del país: Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; y Michael Soto Rojas, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Por parte del Poder Ejecutivo, la mandataria estuvo respaldada por miembros estratégicos de su gabinete vinculados al área de seguridad y finanzas, entre ellos el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas; y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde.
“Desde mi punto de vista es cómo se siente el pueblo de Costa Rica, incluyéndome a mí, con el trabajo del Poder Judicial, ahí yo les expuse unos temas delicados, desde las pifias de los jueces de ejecución, también hablamos de lo que percibimos como la politización del Poder Judicial y la persecución política. También, hablamos del tema presupuestario”, manifestó la presidenta Fernández.
“La reunión abordó diversos temas, en primer lugar doña Laura nos dio una visión de lo que ella ha recogido, en algunas aspectos negativos para el Poder Judicial; nosotros por nuestra parte hicimos ver cuál era la situación real del Poder Judicial en lo que se refiere, a temas, como la integridad”, dijo por su parte, el jerarca judicial, Orlando Aguirre.
El Gobierno planteó la necesidad de modernizar la estructura judicial, impulsando reformas profundas orientadas a mejorar la eficiencia, celeridad y fiscalización del sistema. La presidenta Fernández enfatizó que la articulación entre los distintos poderes de la República es indispensable para frenar el avance de la delincuencia organizada y recuperar la tranquilidad de la ciudadanía, advirtiendo que la administración actual no tolerará la inacción.
Tras finalizar la reunión, Fernández anunció además que convocará a una sesión de trabajo («encerrona») con los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para analizar los datos reales de la situación del país.
Esto responde a que gran parte de los cambios estructurales requerirán de la aprobación de reformas de ley en el Congreso. Con este encuentro, las autoridades sientan las bases para un plan de acción conjunto que busca devolver la paz social a Costa Rica.
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