Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com
SAN JOSÉ. Como parte de la celebración del Día de la Democracia Costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se convirtió en la sede para la firma del Pacto Ético Interpartidario Sitio de Mata 2026. Acuerdo, que suma más de veinte principios éticos,
La propuesta del pacto fue gestada en un proceso de consenso iniciado en septiembre pasado, por 31 jóvenes representantes de distintas agrupaciones políticas en la comunidad de Sitio de Mata, en Turrialba. Este viernes, al menos 18 partidos políticos se reunieron por primera vez para oficializar la firma.
La actividad contó con la participación de la presidenta del TSE, magistrada Eugenia Zamora Chavarría, representantes de la Asociación Cívica Costa Rica Íntegra (CRI) —entidad impulsora de la iniciativa— y vecinos de Sitio de Mata.
Este compromiso ético no es el primero; ya se había realizado un encuentro similar en el proceso electoral municipal de 2024. El Pacto cuenta con el respaldo de las embajadas de Suiza, Canadá, Países Bajos, Luxemburgo, el Reino Unido y la Unión Europea, así como de organizaciones IDEA Internacional, la Fundación Friedrich Ebert y el Fondo Ryoichi Sasakawa para Líderes Jóvenes (Sylff) de Japón.
PLN expulsa a exdiputado y exalcalde de San Ramón por obstaculizar asamblea
Paralelamente a la celebración democrática, el Partido Liberación Nacional (PLN) se prepara para aplicar la expulsión de varios militantes de San Ramón, incluidos figuras prominentes como el exdiputado Daniel Ulate y el exalcalde Nixon Ureña.
La sanción surge a raíz de la obstaculización reiterada de la celebración de la asamblea cantonal. Según la resolución del Tribunal de Ética y Disciplina (TED) del PLN, los sancionados incumplieron de manera sistemática las convocatorias,
La medida disciplinaria fue adoptada tras un procedimiento sumarísimo que determinó la responsabilidad de 22 militantes. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó la legalidad de la decisión liberacionista, al rechazar los recursos de amparo interpuestos por los sancionados, quienes alegaban violaciones al debido proceso y a su derecho de participación política.
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