Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com
NACIONAL | Han transcurrido seis meses desde la publicación de la Ley 10604, legislación que generó esperanza entre miles de trabajadores independientes en condición de morosidad ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, la falta de un reglamento para su implementación ha transformado esa esperanza en frustración y angustia.
Lejos de avanzar, el proceso se ha estancado. La Junta Directiva de la CCSS y los funcionarios encargados del reglamento han mantenido un silencio institucional que, según los afectados, representa una falta de sensibilidad social ante la difícil realidad económica de este sector.
“No hay excusa moral ni técnica que justifique esta parálisis. Es un abandono institucional que golpea a quienes buscan una segunda oportunidad”, manifestó Joseph Ugalde, vocero de la Asociación Borrón y Cuenta Nueva, organización conformada por trabajadores independientes de distintos niveles y oficios.
Una deuda no solo económica, también moral. Desde su aprobación, la Ley 10604 tenía como objetivo permitir la condonación de deudas con la CCSS en condiciones más accesibles para quienes enfrentaron dificultades económicas. Pero el no contar aún con el reglamento, impide que estas personas accedan al beneficio.
Muchas de ellas ya intentaron regularizar su situación previamente, pero se toparon con arreglos impagables, trámites complejos y condiciones inflexibles. Incluso se incluyeron en las deudas montos por servicios médicos o periodos prescritos, lo cual contradice principios legales y éticos. La falta de estandarización en los procesos agravó la situación.
“No se trata de evasores. Se trata de gente trabajadora que simplemente tuvo que elegir entre pagar la Caja o alimentar a su familia”, recalcó Ugalde.
La Asociación Borrón y Cuenta Nueva ha enfatizado en tres aspectos esenciales que debe incluir el reglamento y que no admiten más dilación:
1. Una segunda oportunidad real para quienes, por causas ajenas a su voluntad o por errores institucionales, no pudieron acogerse en el primer plazo.
2. Suspensión automática de cuotas en caso de incapacidad, ya que el subsidio recibido en esos periodos no cubre las obligaciones con la CCSS.
3. Aplicación del criterio del Colegio de Abogados, que señala que no deben cobrarse honorarios legales en deudas prescritas.
La exclusión de estos elementos supondría ignorar la participación ciudadana en la consulta pública y condenar a miles a la exclusión del sistema de seguridad social, aun cuando demostraron voluntad de cumplir.
El borrador actual del reglamento excluye la posibilidad de una segunda oportunidad para quienes no lograron completar el trámite inicial, una decisión que ha generado alarma entre los afectados.
“Negar esta oportunidad es condenar al olvido a quienes sí quisieron cumplir. Es urgente rectificar el daño causado por una implementación deficiente”, añadió Ugalde.
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