Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com
Nacional. La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 27 de octubre, en segundo debate y con 39 votos a favor, un proyecto de ley que amplía el plazo para que los trabajadores independientes en mora con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puedan solicitar la condonación de intereses y multas. Sin embargo, la falta de una Junta Directiva en la CCSS plantea un nuevo obstáculo para implementar esta medida de inmediato.
La ampliación del plazo responde a retrasos administrativos en la implementación de la Ley No. 10232, “Ley de autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales,” así como en la aplicación de la Ley 10363, que permite la prescripción de deudas de trabajadores independientes con más de cuatro años de antigüedad. Estos inconvenientes operativos han impedido que miles de asegurados regularicen su situación y accedan a los beneficios de la seguridad social.
Vacío administrativo en la CCSS complica el proceso. A pesar del avance en el Poder Legislativo, la CCSS enfrenta una situación crítica al encontrarse sin Junta Directiva, la cual es esencial para aprobar el reglamento que permita implementar la extensión de los beneficios de condonación. Sin esta estructura de liderazgo, la medida queda en suspenso y los trabajadores en mora no pueden beneficiarse de la prórroga de condonación.
Alivio económico para trabajadores en mora. El proyecto busca ofrecer un respiro financiero a miles de trabajadores independientes que, en muchos casos, no lograron seguir cotizando al sistema de seguridad social debido a las dificultades económicas surgidas durante la pandemia. Estos trabajadores están limitados en su acceso a la seguridad social, lo cual afecta tanto su situación personal como su contribución al sistema.
Joseph Ugalde, vocero de la Asociación Borrón y Cuenta Nueva, conformada por trabajadores independientes, expresó su preocupación por la falta de celeridad en el proceso: “Aunque desean regularizar su situación, estos trabajadores han enfrentado dificultades adicionales debido a problemas operativos en la institución que les impidieron completar el trámite. Para que esta medida pueda implementarse efectivamente, es crucial la aprobación del reglamento por parte de la Junta Directiva de la CCSS, que hoy está suspendida.”
Exhortan a la CCSS a agilizar el proceso. La comunidad afectada espera una pronta solución para poder regularizar su situación y retomar sus contribuciones al sistema sin los costos adicionales por intereses y multas. Este sector representa un motor clave en la economía nacional y requiere un proceso eficiente y transparente para retomar su relación con la seguridad social.
Con esta ley aprobada, queda en manos de la CCSS resolver el vacío administrativo y asegurar que la aplicación de ambas leyes se cumpla en beneficio de los trabajadores y de la sostenibilidad del sistema social del país.
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