Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com
Nacional. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) expresó este miércoles su “más enérgico rechazo” ante las amenazas recibidas recientemente por la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), calificándolas como un atentado directo contra la seguridad de sus comunidades universitarias y contra los principios que sostienen la educación superior pública del país.
Según señaló el organismo, estos hechos no solo ponen en riesgo a estudiantes, docentes y funcionarios, sino que afectan a la sociedad costarricense en su conjunto, dado el papel histórico de las universidades estatales como espacios de pensamiento crítico, innovación, libertad académica y aporte al desarrollo nacional.
Ante la situación, el CONARE hizo un llamado urgente a las autoridades de seguridad y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que aceleren las investigaciones y determinen las responsabilidades correspondientes.
El Consejo informó que se encuentra trabajando en la articulación y optimización de los protocolos de seguridad existentes en cada institución del Sistema Universitario Estatal, con el fin de fortalecer la protección y el bienestar de sus comunidades. Esto incluye la identificación de buenas prácticas, el intercambio de protocolos ya desarrollados y el avance hacia lineamientos interuniversitarios en temas que requieren respuestas conjuntas.
Según el pronunciamiento, este enfoque colaborativo permite generar soluciones más integrales y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida académica y administrativa.
CONARE reafirmó además su compromiso con la defensa de la democracia, la paz social, la justicia y la generación de conocimiento al servicio del país. Señaló que no cederá ante actos que busquen sembrar temor o desestabilizar la labor de las universidades públicas.
“Es indispensable fortalecer la coordinación entre las universidades, las entidades de seguridad y las autoridades competentes, para garantizar una atención oportuna y responsable ante cualquier hecho que pueda representar un riesgo para la comunidad”, concluyó el comunicado.
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