Investigación de la Defensoría de los Habitantes evidencia que el campo costarricense se está quedando sin jóvenes.
Andrés Castro | acastro@elsodeoccidente.com
SAN JOSÉ. El cultivo de uno de los pilares de la mesa costarricense pende de un hilo, y no solo por factores económicos, sino por un inevitable reloj biológico. Un informe de la Defensoría de los Habitantes, emitido este 16 de junio, así lo evidenció. Las alarmas están encendidas, pues se reveló un progresivo y crítico envejecimiento de la población productora de frijol, un fenómeno que pone en jaque el relevo generacional y la seguridad alimentaria de Costa Rica.
De acuerdo con la investigación realizada en las regiones Chorotega y Brunca, la edad promedio de quienes cultivan el grano ya supera los 50 años, detectando casos extremos de productores en activo de hasta 93 años. Esta radiografía del sector evidencia que la juventud rural está abandonando el campo ante la falta de oportunidades, dejando la producción nacional en manos de una población adulta mayor que, de forma heroica pero vulnerable, sostiene el subsector.
La falta de interés de las nuevas generaciones no es casualidad; responde a una cruda realidad financiera donde labrar la tierra se ha convertido en sinónimo de pérdida. El estudio demuestró que la actividad ya no es rentable para los pequeños agricultores, quienes representan el principal motor de esta producción:
En la región Chorotega el costo para producir un quintal de frijol es de ₡42.571, pero el productor recibe en promedio apenas ₡34.000. En el caso de la Región Brunca, el costo de producción asciende a ₡46.510 por quintal, mientras que el precio de venta recibido se estanca en ₡40.000.
«Las personas productoras operan con pérdidas y ven limitada su capacidad para reinvertir y mantenerse en la actividad», señala el documento del órgano defensor.
Esta asfixia económica se traduce en condiciones socioeconómicas alarmantes. Más del 70% de los productores reportan ingresos mensuales inferiores a los ₡250.000, y un preocupante 40,9% sobrevive con menos de ₡100.000 al mes; montos que son del todo insuficientes para garantizar una vida digna.
El progresivo abandono de las tierras no solo empobrece a las comunidades rurales, sino que empuja al país a una peligrosa dependencia del mercado internacional. Actualmente, el desabastecimiento local se cubre con importaciones, pero con una concentración en 3 proveedores riesgosa: Estados Unidos (64%), Nicaragua (30%) y Brasil (3%).
El panorama se agrava debido a la exclusión financiera. Los productores locales enfrentan severas barreras para acceder a créditos y asistencia técnica. Una gran mayoría desconoce los programas de financiamiento existentes o queda excluida por no cumplir con requisitos diseñados para economías a gran escala, profundizando la brecha territorial.
Ante este sombrío panorama, la institución recordó que el frijol no puede verse solo como un negocio, sino como un garante del derecho humano a la alimentación y al trabajo digno. La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, hizo un llamado urgente al Gobierno y a las instituciones públicas para implementar políticas de rescate inmediatas:
“Garantizar la sostenibilidad de la producción nacional de frijol es una responsabilidad estratégica para el país y una condición indispensable para proteger los derechos humanos de miles de familias rurales y la seguridad alimentaria de toda la población costarricense”, enfatizó Cruickshank.
La Defensoría urge al Estado a estructurar mecanismos de financiamiento adaptados a la pequeña producción, asegurar asistencia técnica permanente e incentivar la innovación para que el campo vuelva a ser atractivo para los jóvenes antes de que la tradición friolera del país se extinga por completo.
*Imagen ilustrativa, generada con IA.
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