
- ASOTRANSTUR cuestiona el cobro que la Autoridad Reguladora pretende implementar a partir de 2027 para los servicios especiales de transporte.
- El sector solicita conocer los estudios técnicos que respaldan la medida y pide suspender su aplicación mientras se aclaran aspectos legales y financieros.
Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com
Turismo. La Asociación de Transportistas de Turismo de Costa Rica (ASOTRANSTUR) manifestó su rechazo a la intención de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) de establecer un nuevo canon de regulación para los servicios especiales de transporte.
La preocupación fue planteada luego de una reunión realizada el 10 de noviembre, en la que representantes de los sectores de transporte de trabajadores, estudiantes y turismo fueron convocados para conocer detalles sobre el nuevo cobro.
Según lo expuesto durante el encuentro, la aplicación de este canon iniciaría en 2027 para el transporte de trabajadores y posteriormente se extendería a las demás modalidades.
La asociación considera que esta nueva obligación económica representaría una carga adicional para las pequeñas y medianas empresas del sector turístico, que actualmente deben enfrentar altos costos operativos, requisitos legales y administrativos, además de los cánones que ya pagan al Consejo de Transporte Público (CTP).
Advierten sobre posibles cierres de empresas y pérdida de empleos. ASOTRANSTUR señaló que la acumulación de obligaciones económicas podría comprometer la continuidad de las empresas que brindan servicios de transporte turístico de manera formal.
Entre los posibles efectos mencionó el cierre de negocios, la pérdida de empleos y el riesgo de que algunos transportistas autorizados abandonen la formalidad al considerar económicamente insostenible cumplir con todas las exigencias.
La organización también advirtió que el incremento de los costos operativos podría trasladarse a las tarifas que pagan turistas, estudiantes y trabajadores, con consecuencias para las familias y la competitividad del sector turístico nacional.
La asociación aclaró que no se opone a la regulación de los servicios de transporte, pero considera necesario que cualquier nuevo cobro tenga respaldo legal, transparencia, justificación técnica y proporcionalidad con la realidad económica de cada modalidad.
Cuestionan respaldo técnico y legal del nuevo cobro. Otro de los puntos señalados por ASOTRANSTUR es que, durante la reunión del 10 de noviembre, no se lograron aclarar aspectos relacionados con el procedimiento para establecer el canon, los estudios técnicos utilizados para calcular los montos y la aprobación correspondiente de la Contraloría General de la República.
La organización hizo referencia al artículo 82 de la Ley N.° 7593, que regula aspectos relacionados con el financiamiento de la ARESEP.
Ante estas inquietudes, la asociación planteó cinco solicitudes a la autoridad reguladora:
- Acreditar la aprobación: demostrar que el canon cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la República.
- Presentar los estudios técnicos y financieros: dar a conocer la metodología utilizada para determinar los montos del cobro.
- Suspender la aplicación: mantener detenido el nuevo cobro mientras se aclaran los aspectos legales y técnicos.
- Evaluar el impacto económico: analizar las consecuencias según cada modalidad de transporte y el tamaño de las empresas, tomando en cuenta que actualmente ya pagan un canon al CTP.
- Garantizar la participación del sector: permitir que los transportistas tengan una participación efectiva antes de establecer nuevas obligaciones económicas.
Sector pide reconsiderar la medida. La asociación considera que aumentar las cargas económicas sobre las empresas autorizadas podría debilitar el transporte formal, en lugar de fortalecerlo y contribuir a combatir la informalidad.
Por esa razón, hizo un llamado a las autoridades para que reconsideren la propuesta y tomen en cuenta las condiciones económicas de las empresas que brindan estos servicios.
ASOTRANSTUR indicó que continuará defendiendo los intereses del transporte turístico formal y que valorará las acciones institucionales y legales correspondientes para evitar que nuevas obligaciones económicas comprometan la sostenibilidad de la actividad.
La organización sostiene que el objetivo debe ser proteger las fuentes de empleo, mantener la operación de las empresas autorizadas y garantizar condiciones que permitan la continuidad de los servicios de transporte turístico en Costa Rica.








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