Programa de atención Semi-Institucional en San Ramón

Semiinstitucional

Nuevo programa de la Dirección General de Adaptación Social
Marvin Carazo
San Ramón. Debido al aumento paulatino en la población penal que se ha presentado desde el 2012, la Dirección General de Adaptación Social inició un proceso responsable de desinstitucionalización encontrando la necesidad de crear un órgano encargado de desarrollar acciones de vigilancia y custodia de la población reclusa a nivel de comunidad. Es así como se dio paso a la iniciativa de crear centros de atención semi-institucional los cuales comprenden actualmente 11 centros alrededor del país siendo San Ramón una de las sedes. Este cuenta con dos espacios físicos: uno ubicado en el distrito de San Rafael en que se sitúan oficinas y una casa de pernoctación para beneficiados y beneficiadas que laboran en la empresa privada y otro en el distrito de Piedades Norte, el cual comprende una finca de 14 manzanas de extensión donde se desarrollan proyectos agrícolas como siembra de camote, ñampi, yuca, ayote, y además se cuenta con una parvada de cien gallinas para suministro de huevos a otros centros del Sistema Penitenciario Nacional.
Según la Dra. Giselle Jackson Paniagua, la idea de estos centros es que los beneficiados, es decir, los reclusos puedan tener la oportunidad de reincorporarse poco a poco a la sociedad y a la vez pasar más tiempo con sus familias como parte de un proceso de ejecución de su sentencia en una modalidad diferente. De esta forma se conforma la Unidad Policía Penitenciaria de Régimen Abierto, propiamente en Octubre del 2013, de conformidad con la Ley 4762, “Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social” en sus artículos 34, inciso b) y g), 5 inciso d) y articulo 10, así como lo estipulado en el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, Decreto N°33876-J del once de julio del 2007, en la cual refiere el acompañamiento e información, además de una inducción dirigida a preparar a la persona sentenciada para la vida en libertad.
Esta unidad la conforman profesionales en áreas como la criminología, sociología, derecho y psicología los cuales guían y se encargan de la vigilancia, custodia y monitoreo de la población beneficiada, informar de algún posible suceso que quebrante este modelo, dar colaboración a las comunidades y brindar comunicación sobre el mismo. Para Jackson, la intención es que los privados de libertad o beneficiados puedan compartir con sus familias y poco a poco incorporarse a sus comunidades ya que como lo indicó “los beneficiados cuentan con la posibilidad de moverse de un centro cerrado a uno semi-abierto y a la vez darles la oportunidad de trabajar y servir a la comunidad misma”, finalizó.

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ISIS LIMON Gerente General Periódico El Sol

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