Defensoría aboga por garantizar cobertura a vecinos
Andrés Castro
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Alajuela. A problemas, soluciones. Esa es justamente la intención de la iniciativa bajo expediente No. 19.932 que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en primer debate, el 24 de mayo anterior y que obliga a las compañías de telefonía celular a bloquear la señal en las cárceles.
Detrás de los muros de La Reforma en San Rafael de Alajuela, gracias al acceso ilícito a teléfonos móviles, se han perpetuado miles de estafas, ordenes de asesinatos y coordinación de trasiego de droga.
Sin embargo, implementar la iniciativa no es tarea sencilla. Se deben instalar equipos de alto costo y se afectaría a los vecinos de las cárceles.
Sobre el particular, la Defensoría de los Habitantes afirmó que es procedente legal y constitucionalmente la posibilidad de impedir la prestación de los servicios, aunque llamó la atención a los legisladores, sobre la necesidad de garantizar la cobertura en las comunidades cercanas.
Por ese motivo, sugirió que se revise la modificación del artículo 67, inciso a, numeral 5, del expediente legislativo No.19.932. Mismo que excluye de la obligación que tienen por ley las operadoras de brindar acceso y servicios universal a las zonas que están en un radio de distancia de estos establecimientos penitenciarios, exclusión que en criterio de la Defensoría, puede vulnerar el derecho a las comunicaciones que tiene la población, y que no tendría que verse afectada por la acción tomada.
Unos 4.000 dispositivos son decomisados en cada año, según los registros del Ministerio de Justicia, administrador de los centros penales.
Aún resta una votación más en la Asamblea Legislativa, además de la firma presidencial y la publicación en La Gaceta. La instalación de equipos podría tomar unos nueve meses. Mientras eso pasa, nuevos delitos se continuarán gestando detrás de los muros de una cárcel.
