Ley de Comercio al Aire Libre

  • Ley de Comercio al Aire Libre, Ley No. 10.126 autoriza al comercio a colocar mobiliario liviano en espacios públicos.
  • UNGL entrega propuesta de reglamento a los Gobiernos Locales del país.

Desde el 09 de febrero de 2022, Costa Rica dio un paso importante para promover el disfrute de los espacios públicos urbanos al publicar la Ley de Comercio al Aire Libre Ley N° 10126. Y a partir del  09 de marzo de 2022 dicha Ley entró en vigencia, la cual tiene como objetivo facultar a las municipalidades para que autoricen a los patentados o licenciatarios el desarrollo temporal de la actividad comercial en los espacios públicos adyacentes a los respectivos establecimientos comerciales.

Lo anterior en un marco de respeto del derecho al libre tránsito, la accesibilidad y el mantenimiento y la protección de los espacios públicos. Sumado a ello, se establece la obligatoriedad de que los Gobiernos Locales reglamenten el contenido de esta ley

Esta  Ley permite a las municipalidades emitir licencias para la comercialización de alimentos y bebidas (inclusive alcohólicas) en los espacios públicos administrados por las municipalidades, tales como aceras, parques, plazas, calles y vías cantonales, así como aquellos otros lugares públicos que defina cada municipalidad. Es importante señalar que dicha autorización sólo permite la colocación de mesas, sillas y cualquier otro tipo de  mobiliario liviano, el cual  deberá ser retirado diariamente al finalizar la actividad comercial.

Según el numeral 11 de la ley No. 10.126, las Municipalidades deberán reglamentar esta ley en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia, fecha que correspondería al 09 de agosto de 2022  y se  adelanta que las Municipales deberán precisar como mínimo:

  • Los lineamientos de utilización del espacio autorizado.
  • Tipo de mobiliario permitido.
  • Pago por los derechos de comercio al aire libre.
  • Estándares de iluminación y rotulación, que deberán tener en cuenta lo establecido en el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual.
  • Horarios de operación. Que deberá ser consonante con los umbrales de ruido permitidos en cada horario.
  • Plazo por el cual se otorgaría la licencia.
  • Causas de cancelación de la autorización.

Ante ello la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) realizó un proceso de construcción de una propuesta de reglamento de comercio al aire libre que fue entregada a los Gobiernos Locales el 10 de mayo, a partir de esa fecha, cuentan con un plazo de 2 meses para adaptarlo a las realidades de cada territorio.

El costo para el uso de esos espacios públicos urbanos, será definido por cada Municipalidad vía reglamento. Dicho monto deberá calcularse en función de los metros cuadrados de espacio público dado en licencia.

Las Municipalidades podrán definir montos diferenciados según se trate de parques, plazas, aceras o vías cantonales. Pero el monto no podrá ser superior al 50% del monto cobrado por concepto de patente comercial. La Ley permite a las Municipalidades exonerar el cobro por los derechos de comercio al aire libre durante los primeros seis meses luego de emitidos los reglamentos municipales correspondientes.

“Realizamos un proceso de entrega a las autoridades locales y dependencias técnicas de este Reglamento que construimos desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales y con la colaboración de la Red de Administraciones Tributarias Municipales. Este reglamento permitirá a los Gobiernos Locales implementar esta ley en el marco de respeto del derecho al libre tránsito, la accesibilidad y el mantenimiento y la protección de los espacios públicos, pero principalmente, fomentar la reactivación económica desde lo local” explicó Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la UNGL.

La UNGL además está dando apoyo en la elaboración de propuestas de reglamento para la implementación de las leyes de comercio sobre ruedas, ley de vivienda municipal, ley de creación de la oficina de la persona adulta mayor y la ley de estacionamientos públicos. Esto en el marco del servicio que se le brinda a los Gobiernos Locales en la implementación de nuevas leyes que implica la reglamentación para su aplicación.

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