NACIONAL | El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), en representación del Sector Cafetalero Nacional, expresan su más enérgico rechazo al reciente informe publicado por la ONG internacional Coffee Watch.
El documento adolece de un severo quiebre metodológico, sesgos ideológicos, uso sistemático de narrativas emocionales y un desconocimiento patente de la arquitectura legal e institucional que protege a la población recolectora de café en nuestro país. El sector cafetalero costarricense, pilar histórico, cultural y símbolo nacional, no solo destaca globalmente por su altísima calidad y trazabilidad socioambiental, sino también por ser pionero en la creación de mecanismos de protección para la mano de obra migrante estacional, principalmente de la etnia Ngäbe-Buglé.
Desde una perspectiva estrictamente técnica, el reporte de Coffee Watch carece de validez científica y rigor estadístico. La propia publicación admite que el equipo investigador interrumpió de forma intempestiva el trabajo de campo en diciembre de 2025 sin completar el marco muestral planificado, lo que anula la representatividad de sus hallazgos. Además, incurre en una falacia de generalización apresurada al pretender extrapolar observaciones limitadas a un reducido número de fincas en Coto Brus a la totalidad de la industria nacional, integrada por cerca de 25.000 productores en siete Regiones cafetaleras.
En lugar de sustentarse en un diseño muestral aleatorio y probabilístico, el estudio recurre a relatos anecdóticos, testimonios anónimos de organizaciones no identificadas y una marcada adjetivación efectista («explotación amarga», «trabajo brutal»), evidenciando un sesgo de confirmación preconcebido diseñado para suscitar indignación antes que para ofrecer un diagnóstico riguroso.
“El café costarricense es un modelo de desarrollo social y económico que se ha construido con apego a la ley, transparencia y justicia. No es correcto descalificar el trabajo de casi 25.000 productores y de una institucionalidad que garantiza salarios por encima de los mínimos legales e inversiones reales en salud y cuido para las familias recolectoras. Defender al sector cafetalero es defender un sistema formal, auditable y con un compromiso socioambiental verificado que respalda la dignidad de cada persona que participa en la cosecha” afirmó Gustavo Jiménez Elizondo, Director Ejecutivo del ICAFE.
Las denuncias formuladas en la publicación se basan de forma exclusiva en la percepción informal de los entrevistados, omitiendo cualquier cruce de datos con el ICAFE, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el MTSS o el Ministerio de Salud. Resulta alarmante que el informe atribuya causas médicas y fatales a las condiciones agrícolas sin aportar un solo expediente clínico, certificado de defunción ni dictamen de la Sección de Patología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Paradójicamente, el propio documento cae en severas contradicciones al reconocer que durante la cosecha 2024-2025 el Estado costarricense aseguró a 41.008 personas migrantes y sus dependientes mediante el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM), al tiempo que destaca el caso de éxito de las Casas de la Alegría en Tarrazú administradas con CoopeTarrazú. Asimismo, al admitir que la participación de menores responde al aprendizaje intergeneracional y cultural Ngäbe-Buglé, distorsiona la métrica técnica del trabajo infantil y apoya sus diagnósticos en encuestas obsoletas de los años 2008, 2011 y 2016.
“Desde el Ministerio de Agricultura expresamos nuestro respaldo al sector cafetalero nacional, que ha sido ejemplo para el mundo, no solo por su compromiso con el ambiente, sino también por su compromiso con el cumplimiento de la legislación laboral y sanitaria, y por impulsar iniciativas de protección a la población migrante que colabora en los procesos de recolección del grano. El Café de Costa Rica destaca por su calidad y por la responsabilidad social con que es producido” agregó Juan Gabriel Ramírez, Ministro MAG.
Según el sondeo en finca realizado por ICAFE para la cosecha 2025-2026, el pago por la recolección repartido entre todos los recolectores que participan de esta actividad es de ₡47 841 422 504 (cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y un millones cuatrocientos veintidós quinientos cuatro colones), para comprender mejor, es un monto cercano a $105,38 millones de dólares.
El pago por cajuela para ese periodo alcanzó un promedio de ₡1.521,35, lo que está por encima del monto mínimo legal fijado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cuyo máximo fue de ₡1.184,10 por cajuela. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla destacó que “para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector cafetalero son de la mayor importancia, por eso destacamos el convenio entre el MTSS, la CCSS y el Icafé para el aseguramiento de las personas cosechadoras de café; gracias a este, hoy tenemos una inversión total de más de ¢1,748 millones para el aseguramiento en salud de estas personas.
Destaca, además, el ingreso regular de más de 66 mil personas registradas a través del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM) en los años del 2020 al 2025”. Añadió que, “según nuestros registros, no tenemos casos identificados de trabajo forzoso en el sector cafetalero; asimismo, la labor de la Inspección de Trabajo no se limita a la atención de denuncias, sino que también desarrolla acciones preventivas y de fiscalización mediante inspecciones de oficio y operativos previamente planificados, con el objetivo de promover el cumplimiento de la legislación laboral, prevenir vulneraciones a los derechos de las personas trabajadoras y fortalecer la tutela efectiva de dichos derechos en sectores prioritarios, entre ellos el sector cafetalero”.
Las instituciones cuestionan de forma enfática la intencionalidad de Coffee Watch. Tras un reporte sin solvencia técnica ni metodológica, subyace el intento de instrumentalizar la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas para alimentar campañas de financiamiento internacional y lesionar la reputación comercial del café costarricense.
No se permitirá que el esfuerzo de miles de familias caficultoras y el prestigio de una nación reconocida por poseer el único seguro médico migratorio dedicado y red de cuido a la actividad cafetalera de la región sean menoscabados por narrativas irresponsables.
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